El juez decano de Melilla aclara que el referéndum “no se puede sostener desde el punto de vista del Derecho”
El juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, afirmó ayer en declaraciones a El Faro que los tribunales ya está investigando los delitos que se hayan podido cometer durante el ‘procés’ y la consulta ilegal del domingo en Cataluña. “Según noticias y videos que circulan, algunos mossos no habrían atendido a las órdenes judiciales de proceder a la clausura de colegios”, señaló el magistrado. Desde el punto de vista legal y de responsabilidad, explicó, podrían haber incurrido en un delito de desobediencia. En este sentido, el juez señaló que la Justicia tendrá que investigar si los mossos implicados actuaron por iniciativa propia o siguiendo órdenes.
Al parecer de Portillo, el hecho de que existieran unas órdenes de los superiores no eximiría a los agentes de responder de forma individual. “Puedes recibir una orden y negarte a seguirla”, expuso. En este caso, “habría que ver si los superiores tienen o no una responsabilidad penal”.
Los tribunales de justicia de Cataluña ya han admitido a trámite querellas presentadas contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament y contra todos los integrantes que conforman el Govern de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont.
“Se les están imputando delitos como la desobediencia a los órganos judiciales, ya que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta del domingo; delitos de malversación, por el presunto uso de fondos públicos; y también de prevaricación, por actuar a sabiendas de lo que están haciendo”, apuntó el representante de los jueces en nuestra ciudad.
Entre otras consecuencias, de ser condenados por estos delitos, podrían ser castigados con la pérdida del empleo o inhabilitación perpetua para obtener cargo público, e incluso con el arresto en prisión.
Según explicó Portillo, “cualquier consecuencia legal que se quiera extraer de la consulta del domingo no se puede sostener” desde el punto de vista del Derecho. En este sentido, incidió que, aunque la Generalitat pretanda declarar la independencia unilateral de Cataluña, “no tendría ningún efecto jurídico ni legal” puesto que no estaría basada “en ningún texto normativo” ni en “ningún tipo de consulta legal”.
Tampoco tendría efecto jurídico alguno que un Estado reconociera la hipotética declaración de independencia de Cataluña, puesto que “todo lo que se construya sobre ese tipo de origen de desmorona”, razonó el juez decano. Una vez más, el magistrado valoró que la solución al conflicto catalán no depende de los jueces y tribunales: “Pasa por los políticos”.
Ciudadanos podrían haber cometido delitos de atentado, resistencia y desobediencia
El letrado Ángel Gil explicó a El Faro que los ciudadanos que participaron activamente en la consulta ilegal del domingo podrían ser acusados por delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Teniendo en cuenta que la jornada del 1-O se saldó con 844 atendidos por los servicios sanitarios debido a las heridas y ataques de ansiedad tras las cargas policiales, según los datos difundidos por el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat, el abogado sostuvo que los civiles lesionados también podrían tomar medidas contra aquellos agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que hayan realizado un uso desmedido de la fuerza. “Las personas tienen la vía legal para reclamar justicia y, en el caso de no tener medios económicos, pueden recurrir a los abogados de oficio”, apuntó.
