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Los funcionarios han iniciado una campaña de donación de sangre para visibilizar las agresiones que sufren
La Asociación de los Cuerpos de las Administraciones e Instituciones Penitenciarias (Acaip) teme que la seguridad en la prisión de Melilla y el resto de cárceles españolas acabe privatizándose. Así lo expresó ayer el portavoz de la entidad, Rubén Cuende, durante una campaña que el sindicato inició ayer a nivel nacional y con la que quiere visibilizar las agresiones que sufren los funcionarios. En 2016 fueron 360, prácticamente una al día.
Además, quiso denunciar lo que describe como “caótica e insostenible situación” en las cárceles. “El modelo es insostenible. En Melilla, somos dos funcionarios por cada módulo con 100 internos”, dijo Cuende. Acaip teme que la “falta de recursos” lleve a la completa privatización del sistema de seguridad.
En este sentido, recordó que la vigilancia exterior del complejo penitenciario de nuestra ciudad ya ha sido privatizada. Por tanto, guardias contratados por empresas privadas realizan ahora labores de seguridad que hasta hace un tiempo eran desempeñadas por agentes de la Policía Nacional.
Falta de personal
Según Cuende, en Melilla hay alrededor de 350 reclusos y 180 funcionarios de prisiones. Ahora bien, subraya que no todos están en contacto directo con los presos. “Algunos están en oficina o hacen controles de comunicaciones”, explicó. Consideran que la falta la escasez de personal pone en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios, y por extensión la de sus trabajadores y los internos. “No podemos garantizar la seguridad de los reclusos, pero tampoco la nuestra”, manifestó. “Hay que recordar que formamos parte del sistema judicial y para que de las cárceles salgan mejores personas, necesitamos más medios”, añadió.
El portavoz de Acaip indicó, además, que la plantilla sigue envejeciendo y que sus facultades se van mermando. “La media de edad de los trabajadores es de 50 años, mientras que la de los reclusos es de alrededor de los 20”, dijo.
Número de agresiones
Según Cuende, la población reclusa ha bajado en un 11% en los últimos cinco años, pero las agresiones han subido un 15%. “Con menos presos hay más agresiones”, señaló. Explicó que en Melilla se han registrado un total de 15 agresiones de 2011 a 2017. “El año pasado fueron atacados dos funcionarios. Uno de ellos ha tenido que someterse a una operación, pero no se ha recuperado completamente. Probablemente le quede alguna invalidez”, apuntó.
Finalmente, pidió que su gremio sea incluido en el Protocolo frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado. “No nos quieren incluir porque no quieren que manchemos sus estadísticas”, criticó.
Los funcionarios que lo deseen podrán seguir donando sangre hasta este viernes. Cuende espera que esta acción ayude a visibilizar su situación y conseguir que el Ministerio de Interior les dote de “las herramientas y medios humanos y materiales” que impidan que cada día se siga produciendo una agresión a un trabajador en alguna prisión de nuestro país.
