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Mediante la lectura de un manifiesto reclamaron el “compromiso” de los poderes públicos
El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame) celebró ayer el Día de la Justicia Gratuita. Al acto asistieron numerosos letrados de la ciudad y durante el mismo el decano del Icame, Blas Jesús Imbroda, leyó un manifiesto. Pidió una reforma de la Justicia para “dignificar” el servicio de turno de oficio.
Además, exigió el “compromiso” de los poderes públicos con este servicio para la defensa de los derechos de los todos los ciudadanos. De ahí que el manifiesto también solicite al Gobierno que se aclare el marco normativo para evitar la” inseguridad jurídica” y las “desigualdades existentes”, así como una mayor exigencia económica del Estado en esta materia, con niveles de inversión suficientes que garanticen la calidad del servicio y prestaciones dignas a los profesionales que lo atienden.
Imbroda dejó claro que la abogacía reitera su “oposición” a cualquier iniciativa de privatización de la justicia gratuita.
Finalmente, los letrados denunciaron las situaciones de marginación y exclusión de sectores de población necesitados de defensa y protección. “No podemos hacer dejación de la protección merecen las víctimas de violencia de género, los inmigrantes y refugiados o las personas privadas de libertad”, señaló. La Abogacía reitera su compromiso profesional y ético para conseguir una sociedad más justa”, añadió.
En cifras
Los asuntos de justicia gratuita en Melilla ascienden en 2017 a 4.587. Un total de 2.741 corresponden a casos de Extranjería, 1.412 a asuntos penales, 324 a civiles y 110 estuvieron relacionados con violencia doméstica.
La asistencia jurídica gratuita, un servicio financiado por el Estado, nació para cumplir el derecho de los ciudadanos a recibir una tutela judicial efectiva sea cual sea su situación económica.
El Icame insiste en la necesidad de tener una oficina en el CETI
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (Icame), Blas Jesús Imbroda, insistió ayer nuevamente en la necesidad de habilitar un servicio de orientación jurídica en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En este sentido, anunció que ha solicitado una nueva reunión con el Ministerio de Empleo, del que depende el CETI, con la esperanza de que la negativa que han recibido hasta ahora no sea definitiva. Según Imbroda, el motivo que dieron desde la Administración Central es que los inmigrantes que llegan a nuestra ciudad ya son atendidos por otros colectivos. Hay que recordar que el Icame pidió el pasado mes de mayo apoyo a la Ciudad para dar una asistencia jurídica en el CETI.
