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Ayer se celebraron las cuestiones previas del juicio, en el que la exconsejera de Bienestar Social está acusada de prevaricación. Su letrada dice que la Asociación Libre de Abogados no está legitimada para ser acusación
Ayer dio comienzo el juicio por el ‘caso Abogados’, en el que se acusa a María Antonia Garbín, exconsejera de Bienestar Social, de prevaricación por la supuesta contratación irregular de cuatro abogados cuando era titular de la consejería. En este juicio, aparte de Garbín, hay otros 13 inculpados, defendidos por seis letrados. La que defiende a Garbín, María José Aguilar Silveti, solicitó al juez que no acepte a la Asociación Libre de Abogados (ALA) como acusación particular, al considerar que no está legitimada para ello por “no ostentar la condición de utilidad pública”.
En este proceso, Fiscalía y la acusación popular ejercida por ALA piden que se condene a Garbín a 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por supuestamente haber empleado a cuatro letrados sin haber respetado los correspondientes procedimientos administrativos.
Cuestiones previas
En las cuestiones previas, los abogados de la defensa pueden pedir la declaración de nulidad de algunas pruebas presentadas en la fase de instrucción o que se acepten otras. La letrada de Garbín considera que “se ha vulnerado el principio acusatorio” al permitir que ALA sea parte en el proceso.
A ojos de Silveti, es importantísimo que esa asociación de abogados “tuviera declarada la condición de utilidad pública”.
La abogada de Garbín destacó que el Sindicato Manos Limpias, que en un principio ejercía la acusación popular junto con ALA, se retiró de la misma. Esto tuvo lugar en marzo del presente año. Así, subrayó que la acción popular “no se sostenible” cuando el citado sindicato ha optado por no ejercerla.
Nulidad de informes
Entre los seis letrados de la defensa se encuentra Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla. En su intervención, planteó como cuestión previa la “declaración de nulidad de dos informes que dieron comienzo a este procedimiento”, que fueron emitidos por la Guardia Civil.
Se refería a las declaraciones de los cuatro abogados imputados ante la Policía Judicial de la Benemérita. Según afirmó Blas Imbroda, testificaron en calidad de testigos, cuando tendrían que haberlo hecho como investigados. Por ello, pide la nulidad de esa actuación.
Acusación popular
José Miguel Pérez, presidente de ALA Melilla, se opuso a la prescripción del delito planteada por uno de los abogados de la defensa. Lo justificó alegando que “el Tribunal Supremo considera que la denuncia interrumpe la prescripción”.
Asimismo, rechazó la cuestión previa planteada por la abogada Aguilar Silveti, afirmando que ALA sí tiene declaración de “utilidad pública” y que fue el Alto Tribunal el que lo confirmó: “El Tribunal Supremo mantuvo que esta parte” podía participar en la causa “en un auto de 2015”.
Además, José Miguel Pérez se opuso a que se declare la nulidad de los informes de la Benemérita que reclamó Blas Imbroda. El dirigente de ALA proclamó que dichos informes “no se basan exclusivamente en declaraciones de los contratados, sino en otros documentos y expedientes”.
Mañana a las 12:00 horas
Las sesiones se reanudarán mañana a las 12:00 horas. Será entonces cuando el Ministerio Fiscal presente sus alegaciones a las cuestiones previas de la defensa.
Garbín afirma que viene a “defender la legalidad”
María Antonia Garbín, la principal inculpada en el ‘caso Abogados’, llegó a los juzgados pasadas las 10:00 horas y sólo hizo una breve declaración a la prensa, afirmando que venía “a defender la legalidad”.
El juicio se celebra en el Juzgado de lo Penal 1. Sin embargo, la sala habilitada para las vistas es la de la Audiencia Provincial, que dispone de más espacio, al ser 14 los imputados. Entre ellos, los cuatro abogados supuestamente contratados de forma irregular, que comparecieron vistiendo la toga de letrado.
