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En el juicio, celebrado esta semana, se impuso a los dos acusados una multa de 1.440 € por un delito de resistencia
“¡Esto es territorio marroquí!”. Una frase así no suele pasar desapercibida en Melilla pero, además, sus autores la pronunciaron dentro de la Jefatura de Policía. Los individuos, que eran tres, habían acudido a presentar una denuncia, y consideraban que los agentes estaban tardando mucho en atenderlos. De esta forma, empezaron a increparlos, y llegaron a abalanzarse sobre uno de ellos, por lo que se les acusó de un delito de resistencia.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2009, pero no fueron juzgados hasta esta semana, en concreto, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla.
Los acusados
Los acusados eran tres miembros de una misma familia, un padre y sus dos hijos. Sólo comparecieron los dos últimos, puesto que el primero ha fallecido.
De los dos inculpados que declararon ante el juez, uno de ellos lo hizo esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, al encontrarse en prisión cumpliendo condena por otro delito.
Según consta en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, los tres implicados habían acudido a la oficina de denuncias de la Jefatura. Al considerar que los funcionarios tardaban en llamarlos, empezaron a ponerse “nerviosos” e increparon a los agentes: “No nos queréis atender”. “¿Para qué está la Delegación del Gobierno?”, les espetaron.
“¡Viva Mohamed VI!”
Tras ello, gritaron: “¡Esto es territorio marroquí!”. “¡Viva Mohamed VI y su padre!”. Los ánimos se siguieron caldeando: “¡Zapatero y Juan Carlos, cabrones!”, dijeron insultando a los entonces presidente del Gobierno y rey de España. “Idos todos a la península, corruptos”, le dijeron a los agentes de la Policía.
Acto seguido, uno de los tres individuos empezó a “arrancarse la ropa hasta quedarse en calzoncillos”, mientras que los otros dos se abalanzaron sobre un funcionario y le escupieron. Finalmente, todos ellos fueron reducidos.
Reconocen su culpa
En el juicio, los acusados reconocieron su culpabilidad en el delito de resistencia que se les imputaba, por lo que su abogado alcanzó un acuerdo con la fiscal que les evitó la pena de prisión. De esta forma, la acusación pública solicitó a la magistrada titular del Penal 2 que les impusiera una pena de multa de ocho meses a un pago de seis euros diarios, lo que suma 1.440 euros.
Como anécdota, cabe destacar que los dos condenados disponen de la nacionalidad española.
