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El Faro publica hoy una entrevista con Margarita Martínez Escamilla y Ramiro García de Dios, dos voces autorizadas en cuestiones de defensa de los Derechos Humanos
Ella es catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid y él, magistrado de profesión, tiene entre sus tareas como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de los de la capital de España el control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del madrileño barrio de Aluche.
Ambos han visitado Melilla esta semana para participar en la presentación de un libro editado por la Universidad de Granada (UGR), titulado ‘Derechos Humanos y Justicia Universal en la frontera sur’. La obra, coordinada por el profesor melillense José Luis Villena, tiene entre sus coautores a Margarita Martínez Escamilla, quien acudió el pasado jueves a la presentación de la misma en la Sala de Grados del Campus de Melilla. En el mismo acto también intervino Ramiro García de Dios, quien relató su experiencia a la hora de controlar el respeto a los Derechos Humanos de los extranjeros internados en el CIE de Aluche.
Ayer, durante su conversación con El Faro, ambos trataron diversos temas relacionados con la falta de garantías para los derechos de las personas migrantes dentro del territorio español. En el caso de Martínez Escamilla, se centró especialmente en el espinoso asunto de las devoluciones ‘en caliente’ en las vallas de Melilla y Ceuta.
La catedrática subrayó que España se ha comprometido a través de la firma de tratados internacionales a “tutelar situaciones de personas vulnerables, como son los solicitantes de asilo o los menores no acompañados”.
Martínez Escamilla explicó que, por un lado, nuestras fuerzas de seguridad devuelven a Marruecos a los inmigrantes que intentan acceder de forma irregular a suelo español saltando la valla; pero, por otro, los compromisos internacionales adquiridos por España obligan a respetar la normativa de Derechos Humanos. Y entre los que intentan saltar la valla hay quienes buscan asilo político o menores, pero, en lugar de ser escuchados, son devueltos al país vecino.
Esta situación, según la docente, crea “inseguridad jurídica” a los agentes de la Guardia Civil que vigilan la valla, que no disponen de un protocolo de actuación en el perímetro fronterizo, pese a que asociaciones del Cuerpo lo han reclamado al Ministerio del Interior.
La opinión de esta experta invita a pensar que el Gobierno central debe aprobar normas claras de actuación para que los agentes del Instituto Armado puedan llevar a cabo su cometido al tiempo que cumplen los compromisos internacionales firmados por España.
