El Gobierno local ha aceptado la renuncia del exconsejero Ramón Antón a su Medalla de Oro de la Policía Local, para evitar que continúe una polémica que ha trascendido de nuestros limitados confines y promovido incluso una recogida de firmas en Internet. No se sabe muy bien si el exconsejero ha formalizado su renuncia o si el Gobierno Imbroda optó por tomarle la palabra una vez que Antón anunciara, anteayer, su disposición a renunciar sin problemas a la misma distinción con el fin, dijo, de evitar dañar la imagen del presidente de la Ciudad, del PP o su propia trayectoria profesional.
Lo que sí está claro es que el Gobierno de la Ciudad y el Partido Popular quieren dar por zanjada una polémica que empezó con tintes grotescos y ha terminado con una sonada esperpéntica, una vez el propio Antón compareció en rueda de prensa para intentar explicar el porqué del controvertido dato en su curriculum. Me refiero a su supuesta asistencia a la ejecución del anarquista Puig Antich, que al final por lo visto no se produjo pero que inexplicablemente se cuela en el resumen de su trayectoria profesional sin que se haya dado al respecto una justificación mínimamente razonable.
La versión del consejero, del supuesto papel reciclado y la interpretación errónea involuntaria, a costa de un curriculum “transcrito -según dijo Antón textualmente- de otro remitido hace años a un Organismo Oficial desde la Consejería de Seguridad Ciudadana”, es tan infumable como incomprensible, amén de extraña y enigmática en torno a la identidad de quien, en cambio, sí tuvo que asistir a la ejecución del anarquista.
Sinceramente creo que Ramón Antón, a la sazón actual asesor del grupo del PP en la Asamblea de Melilla, no merecía ver frustrada de este modo su promoción para la Medalla de Oro del cuerpo que ha dirigido durante ocho años. Pero también creo que sus explicaciones ni convencían ni aclaraban nada, más allá de echar tierra sobre los propios técnicos y nuevo responsable político de la Consejería de Seguridad Ciudadana que, en primer término, estaban llamados a certificar la fidelidad del mismo curriculum.
De hecho, resulta bastante incoherente que, en menos de 24 horas, Antón opte por presentar una renuncia tras defender poco antes, a capa y espada, su entrega a la Policía Local y, con ello, su idoneidad para la distinción que se aprobó concederle en Pleno.
Con tal sucesión de acontecimientos, más bien parece que se trata de una acto forzado y no de un acto voluntario. Es más, si quería renunciar, la oportunidad y ocasión idóneas ya la tuvo en su comparecencia del pasado lunes. En ese momento, sí que habría dado el campanazo en una ciudad y un país donde nadie dimite, ni reconoce errores ni por supuesto renuncia a ningún cargo público a no ser que se vea obligado a ello.
El Gobierno local no ha gestionado bien este asunto desde el principio y por mucho que quiera zanjar la polémica, en el trasfondo hay cuestiones preocupantes, como el hecho de que se dé por bueno un expediente sin sopesar las consecuencias de incluir, cuando no datos erróneos -si nos atenemos a la versión de Antón- si al menos datos nada relevantes y hasta inconvenientes para la propuesta que se realizaba.
En ese error 'involuntario en la transcripción o de interpretación”, siempre según la versión de Antón, anda el 'quid' de la cuestión que posiblemente explique el porqué de la 'forzada' renuncia del exconsejero de Seguridad Ciudadana.
Y hablando de errores y en atención a la memoria de cuantos fueron ejecutados en la postrimerías del Franquismo, es de señalar, en contra de lo que se anda divulgando con profusión, que Puig Antich no fue el último ejecutado por la Dictadura de Franco. Los últimos, y ahí está la canción de Aute 'Al Alba' para recordarlos, fueron tres militantes del FRAP y dos de ETA, a los que se aplicó la pena de muerte el 27 de septiembre de 1975.
Por demás, así como ayer censuraba que Antón eludiese afrontar con firmeza lo sucedido y optase por arremeter de forma furibunda contra los grupos de la oposición, hoy tengo que lamentar que algunos de esos grupos quieran rentabilizar la renuncia a la Medalla del exconsejero como un triunfo propio.
En este asunto, me parece que no ha triunfado nadie ni nada, sino más bien se ha perjudicado a Melilla, que una vez más ha transcendido al resto de la opinión pública española en medio de una polémica innecesaria y nada conveniente para la imagen de nuestra ciudad.
