La noticia que hoy ofrecemos en portada y que desarrollamos en nuestra sección de Local no está manipulada ni presentada de manera más o menos escandalosa para suscitar la atención de nuestros lectores. Se atiene puramente a la realidad porque no hablamos de una asociación marroquí que se dedique exclusivamente a cuestiones históricas, sino que, como informamos, tiene previsto organizar un seminario el próximo día 25 en Rabat sobre Melilla y Ceuta como “territorios ocupados”.
Habrá quien oponga que en Marruecos la oficialidad reinante no permite a ninguna entidad cuestionar lo que en el reino alauita constituyen los tres pilares del Estado, tal cual son el rey, la religión y la integridad territorial. No obstante, es posible esperar de una asociación que logre una subvención pública del Estado español que al menos no obre abiertamente en contra de los intereses de nuestro país.
Dicho razonamiento sin embargo no parece tener ningún valor para el Gobierno Zapatero que, efectivamente, no subvenciona al Centro marroquí para la Memoria Común entre España y Marruecos para que lleve a cabo el citado seminario. No lo hace para eso pero sí para algo muy controvertido también aunque muy distinto.
Según publicaba ayer el diario ‘El Mundo’, antes de que acabe el presente año, el Gobierno ZP le concederá 57.600 euros, en lugar de los 60.000 que la misma entidad requirió, para que lleve a cabo una investigación en suelo español, a fin de localizar las fosas comunes donde fueron enterrados los rifeños que participaron junto a las tropas franquistas en la Guerra Civil española.
El fin de la subvención no puede ser más polémico, de hecho destacados historiadores españoles como Rosa Madariaga y Bernabé López, dedicados especialmente a la investigación de la historia común entre nuestro país y el vecino reino alauita, discrepan abiertamente de que subvenciones como la que aquí tratamos puedan encuadrarse en la Ley de la Memoria Histórica.
Ambos historiadores, además de no ocultar sus prevenciones frente al citado Centro marroquí por la Memoria Común, consideran que la localización de los muertos del bando vencedor en la fraticida guerra española no es una cuestión que reparar con la polémica ley del Gobierno Zapatero. En su opinión, dicha Ley, como el controvertido auto del juez Garzón, se refiere a las víctimas de la Guerra Civil y a los represaliados por el franquismo pero no así a los soldados que lucharon en el frente, fueran españoles o marroquíes.
Lo cierto es que el asunto de los rifeños enrolados junto a Franco en el Golpe de Estado contra el gobierno democrático de Azaña es una cuestión peliaguda, principalmente porque a los marroquíes sobrevivientes de la contienda se les brindó un trato flagrantemente discriminatorio respecto a sus homólogos españoles. Las pensiones que se les pagaron no superaban los cinco euros en el mejor de los casos al principio de la presente década y siguen en una cuantía similar para los supervivientes que aún quedan con vida.
Sería más justo y respondería mejor a la reivindicación de los afectados y de sus familiares, muchos de ellos melillenses nacionalizados hoy en día como españoles, que el Gobierno Zapatero hubiera procedido a dignificar esas pensiones de vergüenza que, además, encierran una discriminación incomprensible y difícil de justificar.
Pero si controvertido y discutible es este aspecto del asunto, más lo es que, como decimos, esa subvención se conceda a una entidad que trabaja abiertamente por crear un estado de opinión contrario a nuestra españolidad.
‘El Mundo’, en su edición de ayer, informaba que el seminario sobre las “ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla” persigue internacionalizar el tema y que para ello no sólo se ha previsto celebrarlo en Rabat sino que se ha cursado invitación a los embajadores de casi todas las naciones con presencia en la capital marroquí, entre ellos también la representación diplomática de España.
Si la política del Gobierno Zapatero respecto de la necesaria recuperación de la Memoria Histórica se ha quedado, como tantas otras iniciativas del Ejecutivo socialista, más en una pose que en una decisión viable y bien regulada para no dar lugar a situaciones surrealistas respecto de la justa pretensión de quienes siguen ansiando la localización de los restos de sus familiares; la decisión actual de incluir en esa Memoria Histórica a los rifeños que lucharon junto a Franco y de subvencionar para ello a una asociación marroquí que además trabaja abiertamente en contra de los intereses de España, resulta totalmente inadmisible.
