La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, acudió ayer al recién constituido Congreso de los Diputados para poner encima de la mesa el asunto de los derechos de los inmigrantes.
Presentó el informe ‘Asilo en España: La protección internacional y los recursos del sistema de acogida’.
Becerril dijo que los inmigrantes detectados intentando acceder de manera irregular a territorio nacional deben ser entregados a la Policía Nacional para aplicarles la Ley de Extranjería.
Dijo que es “imprescindible” restablecer la posibilidad de pedir asilo en las embajadas españolas.
Dijo que hay que impulsar la concesión de visados humanitarios porque España tiene unos compromisos internacionales adquiridos.
Dijo que los inmigrantes que llegan a Melilla y Ceuta deben poder moverse con libertad por todo el territorio nacional hasta que la Administración resuelva su situación.
Dijo que los inmigrantes subsaharianos no tienen acceso a las oficinas de asilo instaladas en los pasos fronterizos de las ciudades autónomas.
Dijo que los CETI deben tener los mismos recursos y ofrecer las misma posibilidades y atenciones que se prestan a los inmigrantes acogidos en los CAR (Centros de Acogida de Refugiados).
Dijo a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo, que es necesario en el CETI un protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual...
La Defensora del Pueblo insistió ayer en muchos asuntos que llevan esperando una solución desde hace años. Han pasado por las manos de diferentes cargos políticos, de distintos gobiernos de derechas y de izquierdas. Y continúan figurando año tras año en las reivindicaciones y propuestas de las personas que han ejercido la máxima responsabilidad dentro del Defensor del Pueblo. Sus palabras resuenan periódicamente en el Congreso de los Diputados, pero la eficacia de su discurso es limitada. A efecto prácticos, el Defensor del Pueblo no es más que la voz de la conciencia de los distintos Gobierno, aquella que señala los errores o los asuntos a mejorar. Sin embargo, no siempre está en manos del Ejecutivo solucionar estos temas. El asunto de la inmigración tiene tantos matices y alcanza tal dimensión que sólo puede abordarse desde un ámbito internacional. En este sentido, la reivindicación al Gobierno, más allá de cumplir la legislación, como no puede ser de otra manera, debe dirigirse a apremiarle para trabaje con el fin de este tema figure entre las prioridades de la Unión Europea: La inmigración necesita comprensión y generosidad en los países de acogida, pero sobre todo son necesarias las soluciones en los países de origen.
