Considera que al margen de lo que se haga a nivel nacional, Melilla necesita ya el suyo.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera urgente la elaboración de un protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y por motivos de género y su implantación en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla. Así se lo ha transmitido a la Secretaria General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo. En su exposición de motivos, Becerril apunta que la convivencia de personas extranjeras de distintas edades y procedencias en los CETI de Melilla y Ceuta “puede provocar situaciones de violencia sexual y por motivos de género”.
Cabe recordar que en febrero de este año un trabajador del CETI fue suspendido de empleo y sueldo tras ser acusado de presunto acoso sexual y maltrato a refugiados residentes en este centro. Al menos dos de estos refugiados denunciaron “tocamientos a cambio de facilitar los trámites para salir”.
La Defensora del Pueblo apunta que la situación del CETI ha sido objeto de seguimiento constante por parte de la institución. Considera que es necesario adoptar medidas preventivas y apunta que recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en España ha propuesto la elaboración del protocolo en Melilla, algo en lo que parece ser que ya está trabajando la Secretaría General de Inmigración y Emigración, pero a nivel nacional.
Becerril considera que la puesta en marcha en Melilla podría ser una experiencia piloto muy interesante para los trabajos que se están desarrollando a nivel nacional. Indica que en las visitas realizadas al CETI de Melilla se ha comprobado la necesidad de contar con una herramienta legal que permita identificar situaciones de riesgos, así como adoptar medidas para minimizarlas.
la visión de Europa
La Defensora del Pueblo hace referencia al último informe de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), en el que esta institución habla de las dificultades que padecen las mujeres refugiadas en los centros de acogida. El FRA, apunta Becerril, tacha de alarmante el hecho de que no existan datos específicos en ningún país de la Unión Europea sobre casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género que necesitan protección internacional. Se alude, asimismo, al uso de baños y duchas en los centros normalmente por la tarde-noche y a la accesibilidad de estas dependencias a través de pasillos o puertas que no puedan cerrarse. Se considera, además, que las mujeres y niñas están expuestas a riesgos de padecer violencia y que las víctimas raras veces denuncia estos ataques por miedo a la repercusión en las solicitudes de asilo en trámite, especialmente en violencia doméstica.
En este punto, la Defensora del Pueblo recalca también que el FRA indica que los Estados deben ofrecer información sobre cómo denunciar la violencia de género y los lugares a los que dirigirse en busca de protección. Considera que el personal debe tener formación adecuada y debe haber procedimientos específicos para menores, así como contar con traductores que faciliten la asistencia a estos grupos de especial vulnerabilidad.
A tenor de este análisis general y del que Becerril hace del caso concreto de Melilla, considera urgente la elaboración del protocolo en el CETI de nuestra ciudad para evitar que puedan producirse casos de violencia sexual.
