Los subsaharianos pasaron una noche en ese terreno antes de dirigirse por su propio pie al CETI.
El Ministerio Fiscal solicita sendas penas de prisión de seis meses para dos acusados de introducir ilegalmente en Melilla a un hombre y una mujer de origen subsahariano. Estas dos personas pasaron la noche en la finca de uno de los inculpados y acudieron al día siguiente al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En la vista celebrada ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede permanente se encuentra en Melilla, el dueño de la finca negó estar relacionado con este suceso y afirmó a preguntas de la fiscal que el terreno de su propiedad “es muy grande” y “no puede controlarlo todo” porque no dispone de un guardia que la vigile.
En un doble fondo
Los hechos sucedieron el 15 de abril de 2012. En esa fecha, el otro acusado supuestamente cruzó la frontera de Beni Enzar con los dos subsaharianos ocultos en el doble fondo de su vehículo.
Según el atestado de la Guardia Civil, el coche se dirigió a continuación a la finca del otro acusado, donde los dos inmigrantes fueron sacados del habitáculo en el que se encontraban.
Al día siguiente, estas dos personas se dirigieron al CETI. Ambos declararon a los agentes del Instituto Armado que se hicieron cargo de la investigación que pasaron la noche ocultos en la finca de uno de los acusados.
Este inculpado padece de poliomielitis (“desde los tres años”, según afirmó) y para desplazarse necesita usar muletas. Sin embargo, ninguno de los dos inmigrantes declaró que la persona que les dio cobijo aquella noche padeciera algún tipo de minusvalía física.
El dueño de la finca declaró ayer ante el magistrado-presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial que en 2011 “había colaborado con la Guardia Civil” cuando este Cuerpo investigaba otros saltos a la valla.
Nueve coches a su nombre
El acusado de cruzar la frontera con los dos subsaharianos ocultos en su coche negó también este hecho y declaró a la fiscal que no tiene permiso de conducir. La acusación pública le preguntó entonces cómo era posible que figuraran nueve vehículos a su propiedad, un hecho que tampoco reconoció.
El juicio por este delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ha sido aplazado hasta el próximo martes, pues es necesario el testimonio de tres agentes de la Guardia Civil que participaron en la instrucción del caso. Uno de ellos declarará por videoconferencia, pues actualmente no está destinado en Melilla.
