El informe elaborado por la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales analiza el caso de Melilla y Ceuta y resalta la ausencia de un protocolo de actuación para Guardia Civil.
La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés) pone el acento en la situación que se vive en España (Melilla y Ceuta), Grecia y Bulgaria en lo que al control migratorio se refiere. En su último informe analiza el impacto que han tenido en el respeto a los derechos fundamentales las nuevas leyes migratorias puestas en marcha en estos tres países. Resalta que el principio de no devolución es una prohibición absoluta en la que no caben excepciones.
El organismo europeo afirma que en ningún caso se puede violar el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas. La Agencia Europea indica que ante el aumento de la presión migratoria en 2015, particularmente importante en la UE, los Estados miembros trabajan en la vigilancia de sus fronteras, pero siempre respetando los derechos fundamentales.
En el informe se indica que en general los países miembros han entendido cuáles son las limitaciones, pero hay casos en los que se produce cierta incertidumbre como ocurre en Melilla y Ceuta, así como en Grecia y Bulgaria. No obstante, el organismo es tajante: “el carácter absoluto de la prohibición de la devolución debe ser respetado tanto a la hora diseñar una ley como durante su aplicación por parte de las autoridades”. Es más, la Agencia se muestra dispuesta a proporcionar su experiencia sobre el respeto a los derechos fundamentales en situaciones “nuevas” que deriven de la instalación de vallas o de la cooperación con terceros países en la gestión de las fronteras, algo que ocurre en las dos ciudades autónomas.
En el caso de España, el informe hace referencia a dos cuestiones fundamentales: la enmienda a la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a los rechazos en frontera y la ausencia de un protocolo de actuación para los guardias civiles que trabajan en la valla.
Recuerda que en abril se aprobó esta enmienda para permitir que los inmigrantes detectados intentando entrar en Melilla y Ceuta de forma irregular pudieran ser rechazados, eso sí, incluyendo un punto en el que se especificaba que las expulsiones siempre debían hacerse respetando las normas internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, critica que no exista ningún protocolo para que los guardias civiles sepan cuál es el procedimiento que deben seguir en la alambrada cuando se produce un intento de entrada, algo que por ejemplo la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) lleva demandando desde hace varios años.
La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales insiste en su informe en que todos los Estados miembros aceptan su obligación de respetar los derechos humanos y no permitir el rechazo de refugiados o personas que puedan pedir asilo, así como los que están en riesgo de prohibición. Asegura que cuando se ratifican los tratados de la de la Unión, los países miembros aceptan este compromiso.
El informe recalca la necesidad de que los países miembros habiliten vías legales para que los refugiados que lleguen a Europa. En el caso de Melilla indica que las solicitudes de asilo son presentadas en las oficinas establecidas en frontera y apunta que el año pasado se registraron unas 6.000 peticiones
