El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Unión Profesional, que agrupa a millón y medio de profesionales liberales, han suscrito un acuerdo que permitirá la redacción de una guía que fomente la transparencia, el buen gobierno y el acceso a la información pública en este sector. Melilla, junto a otras regiones, ha decidido que sea el propio consejo nacional el que atienda sus reclamaciones.
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, resaltó ayer la importancia de este acuerdo debido a que la Unión Profesional mantiene “una relación permanente con los ciudadanos y con las administraciones públicas”.
Por su parte, el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, ha destacado que el objetivo de este pacto es “promover la colaboración y sensibilización en materia de transparencia”.
Este convenio se une a los que el Consejo de Transparencia ha firmado en anteriores ocasiones con Gestores Administrativos, la Federación Española de Municipios y Provincias, Transparencia Internacional, Acreditra, Civio, Access Info, OpenKratio y con las universidades Complutense, Alcalá y UNED.
Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla también han acordado que sea el propio consejo a nivel nacional el que atienda sus reclamaciones, evitando así crear otro ente en cada comunidad o ciudad autónoma.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno medirá junto a la Agencia Estatal de Evaluación, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, el grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
