La Asociación Pro Guardia Civil de Melilla (Aprogc) no ha querido hablar con El Faro para explicar, porque siempre hay una explicación, los motivos que le llevaron a vulnerar la ley de asociaciones de la Guardia Civil para pedir dos subvenciones autonómicas en 2015, una de 1.403 euros y otra de 2.754 euros.
Toda la polémica viene a raíz de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aclarara que las organizaciones del Instituto Armado sólo pueden recibir financiación de los Presupuestos Generales del Estado para salvaguardar su independencia política.
Ayer, un representante de Aprogc a nivel nacional sólo atendió a este periódico para desmentir la información publicada por El Faro, pese a que está recogida en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) del pasado 16 de febrero, que hoy reproducimos en nuestra página 5. Luego se retractó y volvió a llamar para “anular” las declaraciones hechas. Entre ellas, un apunte interesante: que la dependencia económica exclusiva de las cuentas generales del Estado es sólo “un punto de vista”.
Y en eso estamos de acuerdo. Es el punto de vista que marca la ley. Hay más, pero no son legales.
En muy baja estima tienen los representantes de Aprogc a la prensa cuando llaman a un periódico local para “anular” declaraciones y encima recalcar que no han dicho lo que han dicho. Se les olvida que el ordeno y mando es cosa de los cuarteles y que los periodistas nos regimos por nuestro deber de informar.
En todo caso, si Aprogc, una organización que goza de la simpatía de los mandos de la Guardia Civil, ha incurrido en una supuesta financiación irregular en Melilla, no es a El Faro a quien tienen que juzgar. No pueden confundir el mensaje con el mensajero. Ni mucho menos matar al mensajero.
De juzgar si hay o no irregularidad en las dos subvenciones solicitadas por Aprogc el año pasado para celebrar el Día de la Legión o los carnavales se encargará la Dirección General de la Benemérita o el Ministerio de Hacienda.
De estas dos instituciones dependerá que sean sancionados ( o no) los mismos representantes de Aprogc que en 2013 se autoconcedieron el derecho moral de “hablar claro” para dividir a los agentes de la Guardia Civil de Melilla en tres categorías: los frustrados, la masa aborregada y los que son felices haciendo lo que hacen.
Ellos se creen que pertenecen a este último grupo. Para dar lecciones de moral, señalar con el dedo a los compañeros y despreciar a la prensa, hay que, como mínimo, ser consecuentes.
