El Faro publica hoy una información revelada por fuentes de la Guardia Civil, según las cuales algunos vecinos de Melilla La Vieja se están organizando para intentar expulsar a los menores extranjeros no acompañados (menas) que merodean por la zona.
Es de sobra conocido que muchos de los jóvenes que acceden ilegalmente a Melilla se refugian en El Pueblo por su cercanía al puerto de la ciudad, donde esperan poder alcanzar alguno de los buques que parten con destino hacia la península.
También es sabido que la presencia habitual de menas en Melilla La Vieja causa malestar entre los lugareños. Tal es así que el consejero de Seguridad Ciudadana, Isidoro González, anunció al presentar los presupuestos correspondientes a su área que se instalarían cámaras de videovigilancia en la zona, en buena parte debido a las quejas de los vecinos, como afirmó en su momento el propio consejero a este periódico.
Es cierto que en esa parte de la ciudad existen recovecos que los menas ven idóneos para ocultarse mientras esperan su oportunidad para colarse en el puerto. También lo es que los vecinos de la zona tienen derecho a vivir en tranquilidad. Sin embargo, no cabe ninguna justificación para que los hombres nos tomemos la justicia por nuestras propias manos.
Este periódico también publica hoy una imagen cedida por José Palazón, líder de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). En ella se observa el brazo vendado de un menor que supuestamente habría sido agredido por esas ‘patrullas’.
Las fuentes de la Benemérita consultadas por este diario no han confirmado las agresiones a los menas, pero sí que el pasado miércoles un grupo de vecinos, esgrimiendo palos, se dispuso a amedrentar a los chicos que merodean por El Pueblo.
Melilla La Vieja necesita seguridad, pero no a cualquier precio. Si los vecinos han llegado a sentirse desamparados, la única forma que tienen de luchar contra ello es insistir ante las autoridades en la necesidad de que se les dote de una seguridad más eficaz.
Todos los ciudadanos debemos tener presente que el fin no justifica los medios. Y los primeros a quienes se les ha de recordar esta máxima son esos ciudadanos que, ante una situación que han considerado insostenible, han decidido tomarse la justicia por su mano.
