La ONG asegura que estos refugiados necesitan un permiso de la Policía, algo que “incumple la legislación”.
En el informe de Amnistía Internacional (AI) presentado el pasado miércoles, Melilla es una parte importante en el apartado del documento referente a España. De hecho, esta ONG critica que continúen “las restricciones a la libertad de circulación de las personas solicitantes de asilo” en la ciudad y que los refugiados necesiten un permiso policial para salir de Melilla, algo que, según dicen, incumple “la legislación nacional”, y argumentan que “varios tribunales españoles” se habían opuesto a estos límites.
Otro de los puntos sobre derechos humanos en el informe de AI es relativo al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Sobre estas instalaciones, que actualmente, según el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, acogen a menos de 500 personas, la ONG indica que vivió “condiciones de hacinamiento graves”.
Cabe recordar que la ocupación en este centro, entre octubre y noviembre del pasado año, llegó a ser de 1.700 personas, teniendo en cuenta que la capacidad del CETI por aquellas fechas era de 667 plazas.
“A menudo, las personas solicitantes de asilo debían esperar en Melilla al menos dos meses antes de ser trasladadas a la península”, recoge el documento de AI sobre este asunto.
‘Devoluciones’ y asilo
Por otra parte, Amnistía hace hincapié en que los rechazos en frontera, que fueron introducidos en la legislación española en marzo del pasado año, impiden que los migrantes tengan “la oportunidad de solicitar asilo” porque, al hacerse en grupo, no se analiza de forma individual la situación de cada persona.
Sobre las también conocidas como ‘devoluciones en caliente’, esta ONG considera que su introducción en la normativa española, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, “allanó el terreno para nuevas expulsiones colectivas”.
Por lo tanto, el punto de vista de esta organización es que la entrada en vigor de los ‘rechazos’ sirvió para normalizar una práctica que consideran ilegal y que se venía llevando a cabo antes de su aprobación.
“Preocupación” ante el archivo de las causas judiciales
Otro de los puntos en los que Amnistía Internacional (AI) hace hincapié en su informe de 2015, presentado el pasado miércoles, es en el hecho de que se archivaran las causas contra ocho guardias civiles por devolver a Marruecos a migrantes y “darles una paliza” anteriormente.
“Pese a existir pruebas en vídeo, el Ministerio del Interior
afirmó que no era posible identificar a los agentes implicados. Al finalizar el año estaba pendiente la resolución de un recurso contra el cierre de la investigación”, reza el documento de la ONG.
Otra de las “preocupaciones” que señala AI sobre vulneraciones de derechos humanos es que se sobreseyera la causa contra los agentes de la Benemérita que, en febrero de 2014 usaron material antidisturbios contra migrantes en la playa ceutí de El Tarajal, causando “al menos 14 muertes”.
