El portavoz del Gobierno no cree que haya delito y espera la absolución de Mª Antonia Garbín
El portavoz del Gobierno local y consejero de Hacienda, Daniel Conesa, insinuó ayer que Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla, era presidente de la Ciudad cuando comenzó a utilizarse el procedimiento administrativo que ha llevado a la investigación del ‘caso Abogados’. Subrayó que la ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, acusada de prevaricación, llegó a esta institución en 2003. Es más, Conesa aseveró que “a los anteriores no se les está teniendo en cuenta” en este caso.
“No era ni siquiera en la época del PP cuando se empezaron a adoptar este tipo de contratos. Creo que fue de los años del Gobierno de Aberchán”, explicó el portavoz del Ejecutivo, que apuntó que ha pasado un gran número de funcionarios por esta área y no cree que todos hayan acordado “incumplir la ley”.
Conesa explicó que Garbín continuará en el Grupo Popular en la Asamblea como una diputada más y que no habrá cambios en este sentido aunque esté a la espera del juicio oral. Destacó que ya se tomaron medidas de forma voluntaria, como que Garbín dejara de formar parte del Ejecutivo debido al pacto firmado con PPL.
No obstante, el portavoz del Gobierno espera “la absolución” de la ex consejera, que adelantó en El Faro que estaba deseando ir a juicio oral para demostrar su “inocencia”.
“Difícil que haya delito
Para Conesa, es “difícil” que haya delito en estas contrataciones y menos prevaricación. Explicó que para que fuera así todos los directores generales y los secretarios que han pasado por la Consejería de Bienestar Social tendrían que haberse puesto de acuerdo para cometer este delito.
De esta forma, el portavoz del Gobierno resaltó que cuando comenzaron estas contrataciones del ‘caso Abogados’ algunos de los funcionarios estaban estudiando Bachillerato. Por ello, resaltó que no cree que haya ese acuerdo para llevar a cabo un delito ni que se hiciera de “forma dolosa” como se refleja cuando hay prevaricación.
En relación a este tema, Conesa subrayó que él se refiere a este tipo de situaciones como “prevaricación hereditaria” porque todos los secretarios y directores generales de la consejería deberían haber consensuado ejecutar este asunto.
Así, el portavoz del Gobierno indicó que quizás el proceso administrativo de la contratación esté “mal”, pero que de ahí a que se haya cometido prevaricación hay un paso.
“Estamos convencidos de que una vez que esto se argumente en el correspondiente juicio no puede acabar de otra manera que con la absolución”, aseguró Conesa.
“No creo que pueda haber tantos funcionarios que a lo largo de varios años, algunos que ni están el procesamiento, hayan acordado de manera consciente que se va a actuar de forma grosera contra el derecho, como dice el Tribunal Supremo para realizar este delito. No tiene sentido”, añadió.
Para Conesa, lo que hay es un “procedimiento administrativo discutido” que habrá que aclarar, pero no un delito.
