La ex consejera de Bienestar Social está acusada por la contratación de abogados de forma irregular. ALA y Manos Limpias piden invalidar a los técnicos implicados.
La Fiscalía provincial de Málaga solicita para María Antonia Garbín, ex consejera de Bienestar Social y actual diputada del Partido Popular (PP), diez años de inhabilitación para no poder ocupar cargos públicos. La que ocupara también la titularidad de Sanidad tendrá que ir a juicio oral para defender su inocencia, una cita para la que aún no hay fecha oficial.
A la que fuera representante del Ejecutivo local entre 2003 y 2015 se le acusa de contratar presuntamente letrados de forma irregular, en el marco de la causa conocida como ‘caso Abogados’. Garbín supuestamente “implantó y mantuvo durante al menos 10 años un sistema de contratación directa de abogados para que desempeñaran funciones de asesoramiento jurídico, justificándolo en la acumulación de trabajo existente en la Consejería de Bienestar Social y Salud y la imposibilidad inmediata de proceder a la selección de personal técnico”, dice la Fiscalía en el auto al que ha tenido acceso El Faro.
Hay que recordar que en esta causa se personaron como acusación particular la Asociación Libre de Abogados (ALA) y Manos Limpias. Ambas entidades piden lo mismo, ateniéndose al supuesto “delito continuado de prevaricación administrativa” que cometió Garbín atendiendo al “artículo 404 del Código Penal”.
Asimismo, tanto la Fiscalía como ALA y Manos Limpias solicitan penas de entre cuatro y nueve años para los técnicos de la Ciudad que, según acusan, elaboraron presuntos “informes de necesidad” para justificar la contratación periódica de los letrados.
Al día siguiente
Otro de los puntos que destaca el auto de la acusación particular, muy parecido en término y forma al de la Fiscalía, es que supuestamente se elaboraban “contratos menores” a los letrados “al día siguiente del vencimiento” del acuerdo anterior y en “condiciones similares y con el mismo objeto contractual, continuando las mismas funciones durante años”.
Asimismo, este documento de ALA y Manos Limpias resalta lo “previsible de los trabajos a realizar” por los letrados contratados por la Consejería, algo que dicen que no impedía “iniciar un procedimiento de adjudicación de los previstos legalmente”.
Sobre el tipo de contrato que firmaba este área del Gobierno local con los abogados, la Fiscalía destaca que seguían “un patrón diseñado y aceptado por todos los acusados, en el que lo único que cambiaba era la fecha, el nombre del contratista y la duración”, que iba, según cada caso, de 2 a 6 meses.
Un total de 91 contratos por más de 1,1 millones de €
El auto elaborado por la Fiscalía provincial de Málaga, que pide diez años de inhabilitación para la ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, cuantifica que los contratos supuestamente irregulares que este área firmó con abogados asciende a un total de 91, lo que supone un gasto público de 1.114.510,91 euros.
“La contratación se realizó sin publicidad y en consecuencia, el procedimiento se tramitó sin la objetividad y transparencia que deben presidir” este tipo de acuerdos administrativos.
“En los contratos siempre intervenían las mismas personas”, reza también la Fiscalía en su auto, y señala a Garbín y a los mismos cuatro letrados.
Por todos estos hechos, la que fuera titular también del área que se encargaba de Salud está acusada de un presunto delito de prevaricación administrativa.
Asimismo, el documento sostiene que la Consejería se aseguraba de que los acuerdos con los abogados se mantenían siempre “dentro de los límites de la contratación menor”, es decir, “entre los 12.000 euros o los 18.000 euros”. De hecho, la Fiscalía destaca que la cifra cambió “tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público”.
“Los informes justificativos de la necesidad del gasto eran prácticamente idénticos” y “los únicos aspectos que variaban eran el nombre del profesional adjudicatario, el alcance temporal y el importe”, dice también el auto.
Los contratos “daban la apariencia de ser menores”
Según el auto de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Faro, en el que ésta pide 10 años de inhabilitación para la ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, está recogido que los contratos que establecía este área de la Ciudad con los abogados “daban la apariencia de ser menores” y considera que Garbín lo hizo “a sabiendas de su injusticia” y “eludiendo las modalidades de licitación, abierto o restringido”, impidiendo de esta forma “la concurrencia”.
Asimismo, este auto pide la inhabilitación de los directores generales y los secretarios técnicos de la Consejería, quienes “elaboraron respectivamente informes de necesidad” para “dar apariencia de legalidad a estos contratos menores, cuando en realidad las únicas exigencias de este tipo de contratación eran la aprobación del gasto y la presentación de la factura”.
“Plenamente conscientes de que las necesidades a cubrir por la Consejería eran permanentes y que el personal propio era insuficiente para atenderlas, decidieron, en connivencia con los demás acusados, fraccionar doblemente el objeto”, añade la Fiscalía.
