La responsable de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, Cristina Manzanedo, denunció a El Faro el “número desproporcionado de migrantes y refugiados “ que debe soportar Melilla en relación a su población, y aseguró que el Gobierno “no debería mantenerlos ‘atascados’ en Melilla, sino que deberían ser repartidos entre las comunidades autónomas” del país.
Por ello, afirmó, es “primordial” respetar el límite de ocupación del CETI. “Han de acelerarse las salidas del mismo para que no se produzca hacinamiento. No existe ningún motivo para que las personas hayan de permanecer en el centro durante largos periodos de tiempo”.
Abundando en esta situación, Manzanedo indicó que, aunque los CETI son, de facto, los primeros centros de acogida de refugiados que entran por Melilla, “no están configurados legalmente como tales y, además, son de peor condición”. “Hay una enorme diferencia entre las condiciones del CETI y las de los centros de acogida de refugiados o los centros de atención humanitaria de la península”, explicó.
Estas diferencias, indicó Manzanedo, son “fuente de discriminación entre personas que solicitan asilo en Melilla y las que lo solicitan en la península”.Líneas rojas
Asimismo afirmó que las personas subsaharianas deben tener la posibilidad de solicitar asilo en los puestos fronterizos, cosa que hoy no es posible, puesto que Marruecos “no les deja siquiera cruzar el paso marroquí”. A su juicio, la imposibilidad de acceso de los subsaharianos al puesto fronterizo español o las ‘devoluciones en caliente’ son “líneas rojas” por cuyo cumplimiento debe velar la Unión Europea.
Entre estas líneas rojas estarían también “las actuales condiciones de acogida del CETI”, si bien el diseño de un sistema que concilie el control de fronteras con el respeto de los derechos humanos es, “fundamentalmente, responsabilidad de España”, finalizó.
