Coalición por Melilla (CpM) anunció ayer su intención de revisar el expediente de la venta de los terrenos del cuartel de Valenzuela en el seno de la Comisión de Control que preside esta formación.
La diputada de CpM Dunia Almansouri explicó que el objetivo de dicha comisión es “fiscalizar” el trabajo del Gobierno a lo largo de la legislatura. Una labor “importante” que acometerán ahora con un polémico procedimiento administrativo.
Preguntada por los medios si CpM sospechaba de que hubiera alguna irregularidad en la venta de los mencionados terrenos y su posterior recalificación, Almansouri respondió que su pretensión es “custodiar los derechos de los melillenses” y procurar que se dé “la máxima transparencia”. Así como que el voto a favor que en su día otorgó CpM a la recalificación no pueda ser utilizado en su contra.
Proceso de venta
La diputada de la coalición recordó que aquella recalificación provocó que, en última instancia, el uso de los terrenos no fuera el marcado inicialmente en el convenio firmado entre Defensa y la Ciudad, puesto que el ministerio había adjudicado los terrenos para la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, la Ciudad sacó a subasta esos terrenos, que fueron comprados por Nueva Melilla por un total de 9,8 millones.
Posteriormente, esta empresa vendió los terrenos por 15 millones de euros a Tres Forcas, firma asociada a los escándalos urbanísticas de Oleguer Pujol, según recordó la diputada de CpM.
Dunia Almansouri rememoró asimismo que, en 2014, el Gobierno de la Ciudad pidió el apoyo de todos los grupos políticos para que hubiera unanimidad en la recalificación de los terrenos de Valenzuela, donde se pretendía construir una gran superficie en vez de las viviendas sociales inicialmente previstas. El argumento dado entonces fue que el complejo comercial iba a generar 600 puestos de trabajo. De ahí que CpM no se opusiera y diera su voto a favor, recordó Almansouri. “Si el melillense pide un centro comercial, de acuerdo, pero el objetivo de la Comisión es depurar si hubo alguna irregularidad en el procedimiento administrativo”, finalizó.
