La ONG añadió una demanda de terceros, es decir, un informe como organización especializada.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se ha sumando a la denuncia interpuesta por el European Center for Human and Constitutional Rights ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con sede en Estrasburgo) por el caso de dos inmigrantes subsaharianos que sufrieron una ‘devolución en caliente’ en un salto a la valla de Melilla en agosto de 2014, cuando esta práctica no había sido ‘legalizada’. En concreto, esta ONG toma parte del proceso añadiendo una demanda de terceros, es decir, añadiendo un informe especializado sobre la ilegalidad de los rechazos en frontera.
Según aseguró a El Faro Nuria Díaz, una de las portavoces de esta organización, el Consejo de Europa solicitó la participación de CEAR por tratarse de una ONG especializada en el asunto. “Nuestra organización tiene mucho que aportar en este tema, porque siempre nos hemos mostrado en la línea contraria a las ‘devoluciones en caliente”, indicó Díaz a este periódico.
Asimismo, la representante de esta asociación espera que su aportación sirva para que el Tribunal de Estrasburgo siga adelante con el proceso, y determine que, en base al derecho internacional, los rechazos en frontera son “ilegales”.
Consejo de Europa
Sobre este tema, cabe destacar que hace menos de un mes, el pasado 12 de noviembre, el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, registró una declaración escrita ante la Corte Europea de Derechos Humanos, en la que ratificaba que España vulnera el derecho al asilo de sus migrantes en la frontera de Melilla, al devolverlos a Marruecos sin identificarlos tras saltar la valla.
Esta conclusión de Muižnieks salió de su paso por la ciudad el pasado mes de enero, donde visitó el perímetro fronterizo.
Una “ilegalidad” que vulnera el derecho al asilo
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto a otras 138 organizaciones políticas y civiles de toda España han suscrito un manifiesto en respuesta a los casos de ‘devoluciones en caliente’ que se dieron en la valla de Melilla el pasado 21 de noviembre.
Según aseguró a El Faro Nuria Díaz, una de las portavoces de esta ONG, se trata de “una reivindicación que viene de lejos”, ya que consideran que esta práctica, ahora enmarcada dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, es “ilegal”, dado que “se impide el derecho al asilo” y otras garantías como que los que saltan la valla puedan solicitar un abogado. Asimismo, según las entidades firmantes, esta práctica impide que la identificación personal.
