Lo dicen ciertas ONGs que critican que no haya reglas para ‘rechazar’ a un inmigrante en la frontera.
Con respecto a la legalidad o legitimidad de las conocidas como ‘devoluciones en caliente’, las ONGs lo tienen claro. En concreto, Amnistía Internacional (AI), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Coordinadora de Barrios, aseguraron a El Faro que, pese a que el Gobierno de España ha introducido esta medida en la legislación dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, los rechazos en frontera contradicen la legalidad internacional y también la europea. Asimismo, Verónica Barroso, portavoz de refugiados e inmigración de AI, apunta que no hay siquiera un “procedimiento regulador” para esta medida por lo que los propios guardias civiles no sabe cómo actuar ante estos casos, por lo que no puede garantizar que el inmigrante pida asilo.
En este sentido, Sonia Rello, abogada de la Coordinadora de Barrios, apunta que, “probablemente haya una condena de Europa a España” por las ‘devoluciones en caliente’, puesto que asegura que uno de los recursos que se han interpuesto ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo “cuenta con el informe favorable” de la Comisión Europea.
Cabe destacar que esta última ONG no trabaja sobre el terreno, sino que se encarga de interponer y sacar adelante recursos legales sobre este tipo de temas.
Garanticen los derechos
Rello indica que la Ley contempla que esta práctica puede efectuarse “siempre y cuando se garanticen los derechos” de las personas. Una “cuña” que, según esta abogada, está recogida en la norma.
Así pues, tanto la miembro de la Coordinadora de Barrios como los representantes de APDHA y de AI consideran “ilógico” que se convierta en parte de la legislación “algo que no es legal”.
Una demanda que AUGC hizo hace tiempo
La falta de un protocolo para actuar ante un salto a la valla y llevar a cabo las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ es una demanda que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva tiempo haciendo. Según apuntaron desde esta organización a El Faro, los efectivos se encuentran en una situación de “vacío”. “Hay juristas que dicen que esta medida es legal, y otros que sostienen que no”, aseguran desde AUGC, y añaden que, mientras se aclara la cuestión, el peso “siempre recae sobre los agentes”.
“Somos el último mono que siempre recibe todo los palos”, indican desde la asociación, y añaden que los agentes que se encuentran en la valla se limitan a acatar las órdenes de los mandos.
“Nos gustaría que los partidos políticos establecieran un protocolo de actuación o que hubiera instrucciones concretas sobre cómo actuar”, sentencia AUGC a este respecto.
Asimismo, desde esta organización aseguran que “con este Gobierno no tiene pinta de que vaya a cambiar” este asunto y “con el que entre” dicen que dependerá de “quién y cómo” esté formado este nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 20 de diciembre.
