El ex consejero de Fomento y actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Miguel Marín, señaló ayer que las obras que se está llevando a cabo en el barrio de El Real no se han ejecutado ni del modo ni en el plazo previstos.
De este modo, reconoce que las críticas y el malestar de los vecinos están justificados, aunque cuando finalicen los trabajos de la manera en los que fueron planificaron, éstos servirá para mejorar la calidad de vida de los residentes. Hasta entonces, a la espera de que llegue ese beneficio general para el conjunto de los vecinos por las innegables mejoras que van a suponer esas obras, lo cierto es que se ha ocasionado un perjuicio a particulares concretos, entre los que se encuentran los comerciantes que denuncian pérdidas en sus negocios por el retraso de los trabajos.
Aunque la Ciudad hubiera podido prever el supuesto riesgo que para el buen desarrollo de la obra iba a suponer la adjudicación a la empresa que finalmente resultó ganadora del concurso, ésta cumplía con todos los requisitos legales y su oferta resultó la más favorable económicamente para la Administración local, al menos, sobre el papel. La diferencia con lo reflejado en el contrato, tanto en los plazos de ejecución como en el trazado de determinados tramos de la obra, lleva ahora a la Ciudad a plantearse sancionar a la empresa adjudicataria, al menos, por el retraso en los trabajos, que, en su opinión, no está injustificado. En el caso de que sea así, que la empresa es merecedora de una sanción, lo lógico es que este ‘castigo’ económico se convierta en lo más parecido a una compensación para los vecinos de El Real, como plantean éstos en la edición de hoy de El Faro de Melilla.
Es probable que la ley de contratos públicos no contemple este tipo de reparaciones para los ciudadanos cuando son ellos los más perjudicados en un caso de incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria. Sin embargo, sí es posible, por ejemplo, establecer en los presupuestos una partida de inversión suplementaria o acordar con los vecinos, comerciantes o propietarios de otros negocios la manera de compensar el mal causado, siempre dentro de los márgenes que establezca la ley, como no puede ser de otra forma.
Y por otra parte, si los residentes son los primeros perjudicados (en el caso de que se confirme la responsabilidad de la empresa en el retraso y supuestos defectos en la ejecución de la obra), los segundos mayores afectados por estas polémicas obras son los dirigentes del Partido Popular. No hay que olvidar que la candidatura encabezada por Juan José Imbroda perdió la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas por un escaso centenar de votos, según señaló en varias ocasiones el presidente local del PP. Es lógico pensar que algunos o muchos de esos votos que impiden actualmente a los populares gobernar en solitario se perdieron en unas obras que a medida que pasaba el tiempo iban acumulando un mayor retraso y generando cada vez más enfado entre los vecinos.
El Real será un barrio distinto cuando sus calles ofrezcan el aspecto previsto en el proyecto de remodelación. Sin duda, mejorará, pero mientras llega el día de su inauguración tras la finalización de las obras, hasta ahora éstas han causado malestar entre los vecinos y entre el equipo de Gobierno de la Ciudad.
