El ‘Caso Abogados’ ya sólo existirá en las hemerotecas, al menos en lo referente al presidente Juan José Imbroda.
Después de haber hecho correr ríos de tinta durante casi un año, de haber inspirado numerosos titulares y tras haber llegado incluso a la prensa nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido enterrar el asunto en los polvorientos volúmenes que almacenan los viejos periódicos con los hechos que algún día fueron noticia. En realidad, los jueces del Alto Tribunal ni siquiera han llegado a valorar la ‘calidad’ delictiva de los hechos. Simplemente, se han limitado a empezar por el principio, como deberían haber hecho todos los que les han precedido en este último año. El presunto delito que se imputa ¿ha prescrito? Si es así, sobran más discusiones. Los jueces de la Sala de lo Penal entienden que la respuesta es ‘sí’, por lo tanto, carpetazo y al siguiente asunto. No tiene ningún sentido debatir sobre la naturaleza del contrato, ni discutir sobre quién tomó la decisión de contar con un abogado externo a la ciudad y mucho menos sobre quién firmó las ordenes de pago. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha ventilado en seis folios y cuatro líneas un asunto que viene centrando en gran medida el debate político en Melilla desde hace casi un año. En media docena de folios ha restituido plenamente la honorabilidad del presidente Imbroda, que corrió el riesgo de no poder encabezar la candidatura del PP en las pasadas elecciones. La confianza de su partido en su persona evitó que fuera condenado mucho antes de que incluso estuviera claro si debía sentarse en el banquillo de los acusados.
En una situación parecida se encuentran actualmente los consejeros en funciones Miguel Marín y María Antonia Garbín, ésta última procesada por los mismos hechos que el presidente Juan José Imbroda. Ambos han quedado apartados, al menos momentáneamente, del nuevo Gobierno que se dará a conocer en los próximos días. El pacto de gobernabilidad de su partido con PPL ha obligado a dictar ‘sentencia’ contra ambos antes de que comience el juicio y en ambos casos ya han sido condenados ‘políticamente’ al exilio del futuro Ejecutivo. En este sentido, ambos tienen motivos para sentirse ‘maltratados’, tanto como los responsables socialistas que han tenido que renunciar a ver sus nombres en la lista de candidatos de su partido por el ‘Caso del Voto por Correo’, que se alarga en el tiempo ya más de ocho años. Los primeros, los populares, han sido ‘sentenciados’ por PPL y Ciudadanos, que una vez estuvieron en sus filas o muy cerca de sus planteamiento políticos. Los segundos, los socialistas, cumplen condena por el riguroso Código Ético del PSOE que ha entrado en vigor con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
Otras formaciones, en cambio, diferencian entre responsabilidades políticas y judiciales. Sobre las primeras, CpM deja que decidan los votantes. Las otras son cosa de los jueces, que no son tan rápidos como los que han dictaminado sobre si Imbroda debía sentarse o no en el banquillo de los acusados.
El ‘Caso Abogado’, al menos en lo referente al presidente Imbroda y Tribunal Supremo, no tiene ningún recorrido. Punto y final.
