LA reforma del Código Penal, en lo que se refiere a delitos relacionados con el tráfico de personas, puede llegar a representar un impulso para los delincuentes que se dedican al lucrativo ‘negocio’ del tráfico de personas.
Si antes introducir ilegalmente a un inmigrante en territorio nacional podía suponer para su autor penas de entre 4 y 8 años de prisión, ahora el castigo puede llegar a quedarse en sólo una multa.
Además, como cada vez que se produce una reforma del Código Penal que supone una reducción de penas, estos cambios se aplican automáticamente a los reclusos que se encuentren cumpliendo condena por los delitos afectados por la modificación. De este modo, no sólo puede llegar a producirse un repunte en el tráfico ilegal de personas debido a los criminales que se animen a incorporarse a esta actividad delictiva, sino que la oferta en este ‘negocio’ puede llegar a superar a la demanda si todos los condenados ven reducidas considerablemente sus penas, quedando antes en libertad.
Los legisladores, nuestros diputados y senadores, tienen en cuenta un buen número de circunstancias cada vez que emprenden un cambio en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, muchas veces se echa en falta o se sospecha que en sus decisiones no valoran adecuadamente la dimensión humana del problema. Sería conveniente que antes de adoptar medidas como las que afectan a los castigos por traficar con personas, pudieran tener un conocimiento directo y personal del problema. Bastaría, por ejemplo, con que acompañaran durante un par de semanas a los agentes de la Guardia Civil que controlan la entrada de vehículos desde Marruecos en los distintos puestos fronterizos. Tendrían la ocasión de comprobar con sus propios ojos las condiciones en las que llegan los inmigrantes ocultos en dobles fondos, encajonados en los más insospechados huecos, en unas condiciones físicas lamentables y con un indiscutible peligro para sus vidas.
El riesgo para las víctimas, en su mayoría de origen subsahariano, no cambia con la reforma del Código Penal. Todo lo contrario de lo que les ocurre con los autores del delito, que ahora pueden ver reducida su condena si cuando sean descubiertos.
¿Por qué se produce el cambio? ¿Qué se persigue con la rebaja de las penas? Deberían explicarlo los promotores del cambio legislativo, pero parece difícil de creer que haciendo más llevadera la condena para los delincuentes, éstos vayan a perder el interés por continuar con su ‘negocio’ o que vayan a preocuparse un poco más por sus ‘clientes’, los subsaharianos que además de arriesgar su vida ponen la mayor parte de sus recursos económicos en manos de estos criminales.
No tardaremos en ver los efectos que la reforma del Código Penal tiene en la entrada de inmigrantes en nuestra ciudad. En el mejor de los casos, lo máximo que podemos esperar es que pase desapercibida. Si difícilmente puede contribuir a evitar este tipo de delitos, tendremos que confiar en que al menos no provoque un incremento de los mismos.
