Los vendedores del rastro exigen acabar con la competencia ilegal que representa tener junto a sus puestos a individuos que ofrecen unas mercancías similares a las suyas, pero más baratas porque no respetan ninguna norma fiscal ni laboral.
No pagan las tasas correspondientes por instalar su punto de venta ambulante. No cumplen con sus obligaciones con la Seguridad Social, en la que deberían estar inscritos y abonar impuestos como cualquier otro trabajador autónomo. Y tampoco cumplen con el fisco por la actividad económica que realizan.
El resultado de todas estas ilegalidades es que ofertan unas mercancías más baratas que los vendedores que cumplen las normas. Los mayores beneficiados de esta situación son los propios defraudadores. Los consumidores también ganan con esta competencia desleal, pero a largo plazo resultan tan perjudicados como el conjunto de la sociedad.
La denuncia que hacen hoy en El Faro estos vendedores ambulantes de nuestra ciudad no es nueva. Hace meses se quejaron de una situación muy similar los propietarios de talleres de reparación de vehículos. Desde el rastro, en el mismo polígono SEPES, apostados en unas calles muy concretas, se puede comprobar que siguen estando allí los mecánicos ilegales de los que se quejaban los establecimientos oficiales de nuestra ciudad. Al igual que hacen hoy los vendedores ambulantes, los propietarios de las empresas que cumplen escrupulosamente con la legalidad exigieron entonces que la Consejería de Seguridad Ciudadana tomara cartas en el asunto y pusiera fin a la presencia de estos individuos responsables de la competencia desleal que sufrían sus negocios. Sus quejas tuvieron una respuesta tan inmediata como inconstante. Agentes de la Policía Local llevaron a cabo algunas intervenciones, requisaron herramientas y impusieron algunas sanciones, pero al cabo de las semanas, la ‘ilegalidad’ se acabó por imponer de nuevo.
En esta situación, a la que hay que sumar las consecuencias de la crisis que aún padecemos, es prácticamente imposible que los negocios que actúan dentro de la legalidad prosperen y puedan generar puestos de trabajo.
Las garantías jurídicas y el respeto de la legalidad son imprescindibles para que pueda haber un desarrollo económico. Mientras no ocurra así, la única prosperidad será la de quienes se mueven al margen de la ley para obtener un beneficio particular a costa del perjuicio para el conjunto de la sociedad.
Los responsables de la Consejería de Seguridad Ciudadana, encargados hacer que se cumpla las normas que dicta el propio Gobierno local, no pueden permanecer impasibles, No deben continuar de brazos cruzados, haciendo la vista gorda ante tal conjunto de irregularidades, al mismo tiempo que ordenan mirar con lupa a quienes se esfuerzan por sacar adelante un negocio respetando la legalidad.
