Considera que la actuación de los ocho guardias civiles está amparada en el desempeño de su oficio
El Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa por la que están imputados ocho guardias civiles por delitos de trato degradante y lesiones por su actuación en la valla de Melilla ante un intento de entrada masiva de inmigrantes que se produjo el 15 de octubre del 2014.
Los ocho guardias civiles (un comandante, un teniente y seis agentes) habían sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla a raíz de una denuncia de Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, por la cual también resultó imputado el coronel jefe la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla acordó en abril el sobreseimiento parcial y provisional de esta causa, solo en lo relativo a la imputación del jefe de la Guardia Civil por un delito de prevaricación administrativa, por sus órdenes de actuación en la valla los días 18 de junio y 13 de agosto.
La causa sigue abierta en cuanto a la actuación de los ocho guardias civiles imputados, a los que las ONG denunciantes acusan de trato denigrante y lesiones por golpear a un inmigrante camerunés, al que identifican como “Danny”, mientras descendía por una escalerilla desde la zona alta de la valla, donde estaba encaramado.
En su escrito, la Fiscalía entiende que la conducta de los agentes imputados no entra en el ámbito de aplicación de estos delitos, ya que golpearon al inmigrante en los brazos y las piernas para reducirlo y para que soltara el garfio que llevaba, y además no hay ninguna lesión objetivada ni están identificados los inmigrantes.
El Ministerio Público entiende que los guardias civiles “cumplieron con su obligación de mantener la estanqueidad de la frontera terrestre de Melilla” y la fuerza que emplearon “se supeditó en todo momento al cumplimiento de dicho fin, sin que se observe desproporción”, dado que se enfrentaban también a un “asalto masivo” de más de cien personas.
Por ello, la Fiscalía considera que “la actuación de los guardias civiles queda amparada en el cumplimiento de un deber o desempeño de su oficio” y solicita que se acuerde el sobreseimiento provisional.
