El abogado melillense Emilio Bosch propone una relación más fluida y estrecha con jueces y procuradores.
–¿Cuáles son las razones por las que ha presentado su candidatura a las elecciones en el Colegio de Abogados (Icame)?
–Son varias las razones. Entre ellas, deseos de aportar nuevas ideas, nuevos proyectos, en los que se implique el mayor número de colegiados posible. En ocasiones, cuando llevas mucho tiempo en el mismo cargo, las ideas se agotan o se oxidan y la gestión no es fluida. Por lo tanto, es necesario que haya un relevo. Es como una carrera de relevos. Después de correr cinco kilómetros, o más, por poner un ejemplo, es muy importante que otro corredor de refresco y descansado haga otros cinco kilómetros y después otro y otro. El Icame tiene más de 400 colegiados. No debe recaer la responsabilidad siempre en las mismas personas. Nadie es mejor que nadie, pero no todos tenemos la misma capacidad de trabajo ni la misma imaginación ni el mismo tiempo disponible.
Otra de las razones por las que me presento a las elecciones a vicedecano es porque dicho cargo ha quedado vacante, al renunciar a la reelección el anterior vicedecano. Aunque la última palabra siempre la tienes tú, si no cuentas con un grupo importante que te proponga y después te apoye, mejor que no te presentes. En mi caso, un grupo muy importante de compañeros me han animado a presentarme y ahora me están ayudando y apoyando en la campaña electoral.
–¿Qué análisis hace de la situación actual de la abogacía en Melilla y del Icame?
–El Icame navega, desgraciadamente, entre la politización a la que algunos, muy pocos, quieren someterlo, y la independencia de la gran mayoría de letrados que hacen su trabajo con total abnegación y honestidad. Yo, por ejemplo, no milito en ningún partido político ni tengo ningún familiar que lo haga.
–¿Qué propuestas ha presentado para convencer a sus compañeros de que le voten?
– Las propuestas que he presentado vienen explicadas en los carteles electorales que he colocado en todos los juzgados de Melilla. La inauguración de la sede del Icame con los abogados y no con los políticos; una Sala de Togas más amplia y con ordenadores; la revisión de la póliza del seguro de responsabilidad civil para que no resulte tan cara; reuniones mensuales con el juez decano y la decana del Colegio de Procuradores; reuniones trimestrales con la Junta de Jueces; acceso desde la página web del Icame a todas las modificaciones legislativas, actualizaciones de textos legales y toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales y la agilización de las peticiones de certificaciones en el Registro Civil.
–De resultar elegido vicedecano del Icame, ¿cuál será la primera medida que tomará?
–El Icame, como su propio nombre indica, es un órgano colegiado. Por lo tanto, si los compañeros me otorgan su confianza, propondré las medidas que he enumerado en el cartel electoral para que sean discutidas, debatidas y, finalmente, aprobadas si procede, por los demás miembros de la Junta de Gobierno. La primera medida que propondré será reunirnos con la Junta de Jueces y con su juez decano al frente. Al parecer, las relaciones entre el Icame y los jueces no existen prácticamente y ello debido a la politización a la que me he referido antes.
–¿Qué retos cree que debe afrontar actualmente el Colegio de Abogados?
–Los retos a los que debe enfrentarse el Icame pasan ineludiblemente por la formación de los letrados más jóvenes o recién colegiados. El máster de acceso a la Abogacía es una magnífica herramienta, pero debe ser completada con cursos y jornadas de actualización de conocimientos jurídicos, especialmente cuando se aprueban modificaciones que afectan a los diferentes textos legales: Código Penal, Código Civil, Código Procesal Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, etc.
– ¿Cuál sería la meta o el horizonte hacia donde debe caminar la Abogacía en Melilla?
–La meta de todo colegio profesional debe ser convertirse en fiel reflejo de la sociedad. Si la sociedad rechaza la escandalosa ley conocida como ‘Ley Mordaza’, el colegio también debe rechazarla. Si la sociedad rechaza la corrupción, el colegio también debe rechazarla. Y si alguien quiere defender a un presunto corrupto, está, como abogado, en su legítimo derecho de hacerlo, pero antes debe desvincularse de los órganos de gobierno del Icame para evitar así cualquier confusión nada deseable para el resto de colegiados.
