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Dueñas: “El Gobierno se ha posicionado, una vez más, al lado de los profesionales”

Por Redacción El Faro
08/04/2015 20:18 CEST
Dueñas: “El Gobierno se ha posicionado, una vez más, al lado de los profesionales”
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La senadora del PP condena la agresión de un paciente a una auxiliar de Enfermería el pasado lunes en el Hospital Comarcal

La senadora melillense y secretaria regional del PP de Melilla, María del Carmen Dueñas, condena “la lamentable” agresión sufrida por una auxiliar de Enfermería por parte de un paciente. Fue el pasado lunes cuando un enfermo insultó y golpeó a esta profesional en la sala de espera del área de Neurología, en consultas externas del Hospital Comarcal.  “El Gobierno del PP se ha posicionado, una vez más, al lado de los profesionales”, destacó ayer Dueñas, que indicó que “la impugnidad que hasta la fecha podían tener este tipo de agresiones se ha acabado con la recientemente aprobada reforma del Código Penal”.
Para la popular, la modificación  de la ley “era de Justicia”. Aseveró que era necesario el reconocimiento de los sanitarios como autoridad pública, “lo que les da mayor protección en el ejercicio de sus funciones”. A juicio de Dueñas “el objetivo es proteger a los profesionales y dotarles de mayor seguridad ante agresiones físicas o verbales”.
La parlamentaria popular resaltó que la modificación del artículo 550 del Código Penal implica que se considere “reos de atentado” aquellas personas que intimidan o agreden, así como los que oponen resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o a los funcionarios públicos cuando se encuentran en el ejercicio de las funciones de sus cargos.
“En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas”, resaltó la popular recordando la modificación que se incluye en el Código Penal.
También apuntó la senadora melillense que “los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos”.

Un grave problema
Dueñas, como miembro de la Comisión de Justicia, afirma que esta consideración jurídica “justa” incluida en la reforma del Código Penal ha sido todo “un logro que ha contado desde el primero momento con el firme y claro compromiso de este Gobierno del PP”.
La dirigente popular recuerda cómo en 2002 ya su partido avisó del “gran problema, del que nadie se quería dar cuenta, que suponían estas agresiones y que no había suficiente respaldo legislativo para proteger a los afectados”.
Con esta modificación del Código penal “se le da la vuelta a la situación. La impunidad por fin se ha acabado. Ya no saldrá gratis agredir a un sanitario”.
Por último la parlamentaria popular reconoce que aún “quedan lógicamente” cosas en las que avanzar, el “Gobierno del Partido Popular, tras realizar profundas reformas del Sistema Sanitario, prioriza a los profesionales, al contrario que los socialistas que, tras ocho años de gobierno, no desarrollaron medidas sanitarias de calibre en su beneficio”.

La agresión
La auxiliar de Enfermería que fue agredida mientras que estaba en el hospital tuvo que recibir asistencia médica. La agresión del paciente comenzó con insultos y continuó con varios golpes que le provocaron una lesión en la mano. El Sindicato Médico aseveró a El Faro que no sólo fue atendida por esa agresión física, sino también a nivel psicológico, pues no comprendía por qué la habían insultado y agredido el paciente.
El Sindicato Médico y el Colegio de Médicos condenaron este suceso violento y afirmaron que se deben adoptar más medidas por parte del Ingesa para prevenir estas agresiones de pacientes o familiares a los sanitarios. Estas dos entidades proponen que se aumente la presencia de vigilantes de seguridad en todas las áreas del Comarcal o que se establezcan medidas de restricción de acceso de acompañantes y pacientes al hospital. En concreto, piden que un celador o vigilante se encargue de negar el acceso a consultas externas a aquellas personas que no tengan una cita concertada. No obstante, esa misma medida no hubiera servido en el caso de la auxiliar de Enfermería golpeada el lunes, ya que el paciente que la agredió tenía cita e incluso el médico ya le había atendido.
El Ingesa, por parte, anunció que iba a tramitar una denuncia contra el agresor y se comprometió a revisar el procedimiento para que los vigilantes de seguridad puedan acudir más rápido ante estos sucesos.

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