La Abogacía del Estado ha informado que las empresas licitantes “no podían concursar”, según la entidad.
La asociación Guelaya-Ecologistas en Acción dijo ayer haber recibido con “alegría” la paralización del proyecto de ampliación del puerto de Melilla, después de conocer que el concurso para la asistencia técnica para el proyecto de la Autoridad Portuaria haya quedado desierto. La asociación ecologista sostuvo, en un comunicado, que “el hecho de que no haya empresas capacitadas para sacar adelante la redacción y asesoramiento de un proyecto que va en contra de la legislación española en materia de conservación de biodiversidad es para nosotros un asunto de sentido común”.
“Pero, que sea ahora la Abogacía del Estado la que frene el proyecto, dictaminando que las empresas que se presentaron no podían concursar, nos parece mucho mejor”, aseguraron y explicaron que “el proyecto no viene a solucionar ningún problema en nuestra ciudad”.
“La Autoridad Portuaria de Melilla tiene que resolver el problema de sus cuentas, que son deficitarias, según los informes públicos sobre las mismas”, señalan desde Guelaya. “Es el segundo puerto con más pérdidas de toda España”. Este hecho ha motivado, en su opinión, la entrega a empresas privadas de los terrenos de la Marina Seca, un espacio hasta ahora público, que se concedió para las actividades de una empresa textil y de calzado y que ahora, finalmente, parece que se destinarán, además, a un restaurante de la cadena McDonald’s.
Imbroda no cumplirá su palabra
“La decisión de dejar desierto el concurso tendrá consecuencias”, señalan desde la asociación. Una de ellas es que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, “no podrá cumplir con su palabra” y, en cambio, lo afirmado por Guelaya Ecologistas en Acción “se cumplirá al pie de la letra: No es posible que las obras empiecen este año”.
Ahora, dijo la asociación, “habrá que comenzar otra vez con el concurso público para contratar a alguien que lleve a cabo el proyecto. Eso tomará meses. Cuando se oferte nuevamente el concurso, con sus meses para presentar ofertas, y se vuelva a resolver, será a finales de año, y en ese momento, cuando haya un proyecto técnico que valorar, comenzará la evaluación ambiental del proyecto, para el que existe un plazo de 18 meses, que ya está iniciado”. “Más de uno debe empezar a poner nervioso porque si se pasan los 18 meses, se acabó el proyecto”, señaló Guelaya y explicó que el proyecto de ampliación del puerto seguramente no se va a ejecutar porque “va en contra del sentido común, en contra de los intereses de los melillenses, en contra del medio ambiente y en contra de la legislación española”. Los reiterados anuncios por parte de las autoridades de que el proyecto ya estaba en marcha y la ampliación no tenía marcha atrás tienen mucho que ver, en la opinión de Guelaya-Ecologistas en Acción, con “un intento de captar votos y de desviar la atención sobre los muchos problemas judiciales que les acosan. Las estadísticas no mienten: La clase política melillense actual es una de las más imputadas de España”, concluye la nota de la asociación ecologista.
