Dos de los ocho guardias civiles imputados en Melilla por su actuación en la valla para contener un intento de entrada masiva de inmigrantes el pasado 15 de octubre resultaron heridos en ese mismo salto, uno de los “más violentos” de los más de 70 que se registraron a lo largo de 2014.
Los ocho agentes imputados por estos hechos (un comandante, un teniente y seis guardias) terminaron de prestar declaración ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, quien pretende determinar si por parte de los agentes se produjo un empleo de la fuerza “desproporcionado” y, por tanto, si el mismo “fue o no contrario a derecho”.
La imputación de los ocho guardias civiles se sustenta en un vídeo grabado por la oenegé Prodein, en el que se aprecia cómo un inmigrante es “rodeado y golpeado” por un grupo de guardias civiles, que emplean sus defensas. Fuentes policiales explicaron que algunos de los agentes citados como imputados tuvieron que recibir asistencia sanitaria e, incluso, a uno se le aplicaron puntos de sutura, mientras que otro, pese a estar lesionado, continuó de servicio.
Por ello, se pretende también determinar si alguno de los subsaharianos que saltaron la valla ese día pudo haber cometido algún delito de atentado a agentes de la autoridad. Para aclarar dicha circunstancia, Lamo de Espinosa citó el miércoles a estos dos guardias civiles como testigos, una citación que fue recurrida por la Abogacía del Estado, ya que tenían que comparecer ayer como imputados, según las fuentes.
Más agentes heridos
Además de los dos agentes imputados, otros guardias civiles también resultaron heridos, entre ellos un sargento de uno de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), quien se cayó de la valla tras recibir una patada en la cara por parte de un inmigrante. Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 2 se iniciaron en agosto de 2014 tras la presentación de una querella interpuesta por varias ONG. Hasta la citación de los ocho agentes, el único imputado en el procedimiento era el coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, que compareció en sede judicial el pasado mes de octubre por un presunto delito de prevaricación. En relación al salto del 15 de octubre, el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentada por un abogado de Huelva por delitos de coacciones, contra los derechos individuales, prevaricación y omisión del deber de socorro.
