La Asociación Pro Guardia Civil asegura que las agresiones a los agentes en la frontera han subido un 220%.
La Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) defendió ayer que el uso de la fuerza que se realiza en la valla de Melilla es siempre “proporcionado y ajustado a derecho”, siguiendo el mismo protocolo que puede aplicarse en cualquier otra ciudad española. A las puertas de los juzgados, donde acudieron ayer a declarar como imputados ocho agentes por su actuación en la valla ante un intento de entrada de inmigrantes el pasado 15 de octubre, el subdelegado de Aprogc en Melilla, Bernardino Pardo, afirmó que los guardias civiles destinados en la ciudad están “indignados” por este procedimiento que, dicen, está basado en una “denuncia falsa”.
Los ocho agentes imputados (un comandante, un teniente y seis guardias) terminaron de prestar declaración ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa. Se pretende determinar si por parte de los agentes se produjo un empleo de la fuerza “desproporcionado” en ese salto, en el que también resultaron heridos varios agentes, entre ellos dos de los imputados.
Según Pardo, en la Comandancia de Melilla las bajas por agresiones en frontera han aumentado un 220%, algo que ha achacado a que los intentos de entrada por parte de subsaharianos son “muchísimo más violentos”. Además, consideró que la respuesta a este problema “no es policial”, ya que una persona que ha tardado varios años en llegar a la frontera de Melilla y de la que su familia depende para subsistir “no se va a dar media vuelta”.
El vídeo de Prodein del 15 de octubre, incompleto
Con respecto al vídeo en el que se ha basado la imputación de los guardias civiles, grabado por la ONG Prodein el pasado 15 de octubre, en el que se aprecia cómo un inmigrante es rodeado y golpeado por un grupo de guardias civiles, que emplean sus defensas, el subdelegado de Aprogc, Bernardino Pardo, dijo que existe una secuencia “más amplia y más completa”, que debe ser tenida en cuenta. Asimismo, apuntó que la difusión de ese vídeo estuvo acompañada por una noticia en la que se hablaba de que el inmigrante en cuestión había perdido un riñón, una información que fue posteriormente desmentida por el mismo medio que la divulgó. En ese vídeo se ve cómo cuatro guardias civiles trasladan al inmigrante, supuestamente llamado Danny, un procedimiento que, según Pardo, fija el protocolo de actuación para los casos de “resistencia pasiva”. Pardo aludió al acuerdo de readmisión de inmigrantes entre España y Marruecos, que es el que debe ser aplicado, ya que en la pirámide legal los tratados internacionales “pesan más” que cualquier ley orgánica. A su juicio, este tratado es una herramienta, pero tiene una serie de “flecos” que deben ser perfilados entre ambos países.
