La situación general de la educación pública en Melilla merece muy pocos elogios y no pocas críticas. De eso no cabe la menor duda.
Basta con echar un par de vistazos. Uno a las elevadas y muchas veces inmanejables ratios que se registran en nuestras aulas y otro a los resultados globales que obtienen nuestros alumnos en relación a sus compañeros del resto del país. Sin embargo, hay que apuntar bien los dardos para no cometer la torpeza de que paguen justos por pecadores.
En este asunto, los ‘justos’ están en el Gobierno de la Ciudad. Sin competencias y, por lo tanto, sin responsabilidad directa sobre las lamentables condiciones que soportan a diario docentes y alumnos, difícilmente se puede señalar hacia la Consejería de Educación o hacia cualquier otro área del Ejecutivo local buscando culpables. Allí sólo hay responsables políticos que con más o menos acierto tratan de cerrar las numerosas vías de agua que presenta la educación pública en nuestra ciudad. A lo sumo, se les puede reprochar que a veces no estén del todo acertados en algunas medidas que ponen en marcha o que otras veces éstas se ejecuten fuera de los plazos previstos, como ocurrió a comienzo de curso con las aulas en la Casa de la Juventud. Sin embargo, ya están funcionando esas instalaciones, que por otra parte no existirían hoy sin la lógica sensibilidad del Ejecutivo local hacia un problema que afecta a nuestros estudiantes y ante el que el Ministerio de Educación actúa con una irritante parsimonia. Precisamente allí, en el departamento dirigido por el ministro José Ignacio Wert están los responsables de que la calamitosa situación de la enseñanza en Melilla no haya variado mucho desde que el PSOE dejó La Moncloa hace casi cuatro años. Es muy difícil señalar un sólo aspecto de la educación pública en nuestra ciudad que haya cambiado a mejor entre la primera y la última visita de Wert a Melilla. El Ministerio sólo ha adoptado medidas de apuntalamiento para intentar que la situación no vaya a peor. Las únicas iniciativas palpables son las llevadas a cabo por el Ejecutivo local con sus propios recursos económicos, lo que ha permitido dar apoyo a los docentes con la firma de convenios, la creación de ludotecas para facilitar el refuerzo escolar, la apertura de aularios para acoger a alumnos de infantil, la oferta de becas en diferentes niveles de enseñanza para complementar las del Ministerio... Y todo ello sin tener competencias (y por lo tanto, sin recibir partidas presupuestarias) en materia de Educación.
Las quejas de los padres, las críticas de los sindicatos y los reproches de docentes pueden estar más que motivadas, pero es necesario meditar antes de decidir sobre quién lanzar los dardos. Es conveniente actuar con tino, no sólo para no cometer injusticias sino para exigir soluciones a quien realmente es responsable de ofrecerlas.
