Recomienda decir a los solicitantes de asilo que si no cooperan, podrían ser expulsados
Bruselas quiere que se recojan las huellas dactilares de los inmigrantes. Un documento interno remitido por la Comisión Europea a los Estados miembros plantea diez medidas para que se recojan las huellas de los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo interceptados en territorio comunitario. Las directrices de la Comisión incluyen la posibilidad de hacer uso de la fuerza o detener a quien no quiera proporcionar esta información.
Éstas son las conclusiones de un documento difundido por la plataforma europea Statewatch, un escrito de la Comisión de exclusivo interno que recoge este decálogo como ejemplo de “buenas prácticas” tras analizar la forma en la que los Estados miembros gestionan la recogida de huellas dactilares para la base de datos comunitaria Eurodac. El texto se ha redactado a raíz de las respuestas que dieron los miembros de la UE a un cuestionario enviado el año pasado por la comisión para preguntar si permitían el uso de la fuerza o la coerción en su legislación para conseguir las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y personas interceptadas en fronteras y cómo reaccionaban ante la negativa de una persona a cooperar. El documento auna una doctrina común para este tipo de actuaciones.
El objetivo es reforzar el sistema común de información para impulsar el Convenio de Dublín ante el aumento de la llegada de inmigrantes. Según este convenio, el responsable de un inmigrante irregular o solicitante de asilo es el país por el que entró en la Unión Europea y no el Estado en que fue localizado después. Esto permitiría, por ejemplo, devolver a España a una persona interceptada en Alemania cuyas huellas dactilares fueron recogidas en Melilla.
Uso “mínimo” de la fuerza
El escrito dice que la normativa europea permite que se adopten todos los pasos razonables y proporcionados que sean necesarios para conseguir que los inmigrantes colaboren. Asimismo, establece que si, una vez explicados sus derechos, siguen negándose a cooperar, “deberán ser informados de que se puede utilizar la fuerza para conseguir las huellas dactilares”. No obstante, señala que el uso de la fuerza será “el mínimo necesario” y que la intervención tendrá que ser grabada. Además, advierte de que es inapropiado utilizar este tipo de coacción con personas “vulnerables”.
En el caso de los solicitantes de asilo que se nieguen a ceder sus huellas dactilares, se informará a esa persona de que si no coopera su solicitud podría ser tramitada “por el procedimiento abreviado”, que puede suponer que sea rechazada y el inmigrante sea expulsado. Además, el decálogo abre la puerta a detener a quienes se nieguen a colaborar.
La posición de España
El Gobierno español informó, en respuesta al cuestionario enviado por la Comisión, que “no ha tenido problemas en la toma de huellas dactilares en los casos Eurodac” y defendió que, atendiendo a su experiencia con casos criminales “el uso de la fuerza no es eficaz ya que es casi imposible obtener una calidad aceptable de huellas digitales cuando alguien se resiste”.
“Aunque de acuerdo con los principios generales del Derecho se nos permitiera utilizar medidas coercitivas de forma proporcionada, una vez que se hace evidente que la personas no coopera, no se realizarán más intentos. En todo caos, la desobediencia y resistencia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley serán castigados por el Código Penal, ya sea como crimen o como delito menor”, explicó España a la Comisión.
