El ministro del Interior defendió el Plan Nacional Estratégico de Lucha contra la Radicalización Violenta.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que “todo el mundo civilizado” está amenazado por el yihadismo y defendió el Plan Nacional Estratégico de Lucha contra la Radicalización Violenta como instrumento “eficaz” para prevenir actos terroristas.
La amenaza viene de un terrorismo, aseguró, que “no tiene límites en su crueldad”, pero al que se está haciendo frente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hacen que esa amenaza, de la que “nadie” está exento, se encuentre en unos niveles de control que hacen que no exista actualmente en la sociedad una situación de “alarma”.
“Todos estamos amenazados”, añadió el ministro del Interior, para quien la amenaza llega a la civilización, a todos los estados y a toda la ciudadanía, por lo que la Policía y la Guardia Civil trabajan para que España sea considerado “un país de referencia”.
Experiencia antiterrorista
A su juicio, eso se debe a la experiencia que acumula España por el terrorismo de ETA y el Grapo, que, “durante décadas”, han hecho “conseguir la virtud de la especialización” en la lucha antiterrorista que se le reconoce al país “a nivel internacional”.
En la jura de 218 nuevos inspectores de la XXVI promoción de la Escala Ejecutiva, que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, el ministro incidió en que “a mayor seguridad hay mayor libertad” y que España es un Estado que se encuentra entre “los más seguros del mundo”, entre el “tercer y cuarto” puestos de la Unión Europea, con 44,8 infracciones penales por mil habitantes.
Equilibrio
Pese a que la seguridad absoluta “no existe”, defendió Fernández Díaz que “sin seguridad, las libertades y los derechos son palabras muy bellas que pueden quedar absolutamente vacías de contenido”, a la vez que subrayó que, en España, la seguridad y la libertad “han encontrado un adecuado equilibrio”.
Así, el ministro del Interior pidió a los nuevos inspectores implicarse en la lucha contra el crimen organizado y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral.
También destacó la lucha “ejemplar” que se está llevando a cabo contra el fraude en el cobro de prestaciones sociales, que ha calificado de “lacra insolidaria”, así como contra el cohecho, la malversación, el tráfico de influencias o la corrupción.
