El Defensor del Pueblo publicó ayer su informe anual y Melilla vuelve a centrar buena parte del mismo. La institución recoge en su balance que el Ministerio del Interior rechazó dos ‘consejos’ que le ofreció, respecto de la retirada de la concertina de la valla de Melilla y la paralización de las llamadas ‘devoluciones en caliente’.
Interior desoye así al Defensor del Pueblo que alza su voz una vez más en contra de las prácticas que se vienen realizando en el perímetro fronterizo melillense y se suma al coro de voces que ya han expresado hasta la saciedad que las ‘devoluciones en caliente’ son ilegales.
La titular de la institución, Soledad Becerril, expresa igualmente sus dudas sobre la enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana que viene a legalizar las ‘devoluciones en caliente’. Una voz más contra la pretensión del Ministerio y, en definitiva del Gobierno central de normalizar una práctica, que, cabe recordar, está siendo investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Por este proceso ya han sido llamados a declarar un buen número de guardias civiles. ¿Pagarán éstos los platos rotos?
El Ministerio del Interior se queda solo. Se queda solo ante una pretensión que no cuenta con ningún apoyo relevante a la causa. Y no parece que su titular y el resto de los responsables ministeriales tengan intención de recapacitar.
‘Rectificar es de sabios’, dice el refranero popular, pero en el Ministerio no deben entender que dar pasos hacia adelante sin apoyos hará tambalear el devenir del propio Ministerio.
Es triste y lamentable que ONGs, asociaciones, instituciones nacionales y europeas de todos los colores y tonalidades tengan que ‘recordar’ a España y los españoles que la ley está para cumplirla, cuando es el Ministerio de Interior el que empuja a trompicones la legalización de lo ilegal.
El Defensor del Pueblo lo tiene claro, como la misma ley lo dice: Los inmigrantes que están en la valla están en España porque la valla está en España. También recuerda Becerril al Ministerio que cuando un guardia civil intercepta a un inmigrante debe ponerlo a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para abrir el correspondiente expediente contemplado en la Ley de Extranjería.
El Defensor del Pueblo únicamente justifica esta confrontación a una mera “diferencia de criterios” con el Ministerio. Muy elegante, sí, pero se queda corto.
El informe de la institución que preside Soledad Becerril no solamente habla de la valla de Melilla. El deterioro y las malas condiciones en que se encuentra el CETI por su saturación constante, a pesar de los esfuerzos de su personal por optimizar ‘lo que hay’ a los inmigrantes, exige de una respuesta inmediata.
Por otra parte, Becerril valora las obras de mejora realizadas en el paso fronterizo de Beni Enzar, pero no es oro todo lo que reluce, pues también el Defensor del Pueblo expresa sus dudas sobre la accesibilidad de la oficina de asilo instalada en este puesto fronterizo.
Al Ministerio del Interior no parece preocuparle las denuncias del Defensor del Pueblo ni todas las voces que tiene en contra. Como también dice el refranero popular, ‘la esperanza es lo último que se pierde’. Confiemos en que Interior recapacite, pues, debería.
