Ocho agentes de la Guardia Civil, entre los que se encuentran un comandante y un teniente, acudirán a declarar ante el juez a raíz de su actuación en el intento de salto de la valla del día 15 de octubre de 2014.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4, Emilio Lamo de Espinosa, les ha llamado a su despacho en calidad de imputados. Deben aclarar al juez su actuación en la frontera ese día, cuando varios de ellos golpearon a un inmigrante que descendía del vallado portando una especie de garfio que había utilizado para subir a través de la malla antitrepa. Tendrán que responder a cuestiones muy similares a las que los grupos de la oposición han planteado desde el día de los hechos al Gobierno en el Congreso. Al margen de acusaciones más o menos veladas en las preguntas y sin importar el color político de diputado que las planteara, el Ejecutivo central ha venido cumpliendo con el trámite de responder a la oposición de manera casi mecánica. Sobre los asuntos relacionados con la inmigración ilegal en Melilla, unas veces ha optado por remitirse a anteriores respuestas y otras por redactar una nueva para utilizarla en bloque sin prestar demasiada atención a qué se le preguntaba en cada momento.
No tendrán tanta suerte los ocho agentes imputados por el juez Lamo de Espinosa cuando acudan a declarar. Estos guardias civiles se jugarán en cada una de sus respuestas mucho más que un simple revolcón dialéctico. Si las cosas se tuercen, puede peligrar, cuando menos, sus puestos de trabajo. Ni siquiera les servirá como excusa la ‘obediencia debida’. De hecho, hace un año el Gobierno renunció a resucitar esta eximente para los militares y la eliminó del anteproyecto de ley del nuevo Código Penal Militar tras las duras criticas que recibió del Consejo General del Poder Judicial .
Tampoco es una opción para los agentes mandar a hacer gárgaras a un superior cuando éste pretende que cumplan una orden que en opinión de sus subordinados puede ser ilegal. El simple hecho de faltar al respeto a un mando basta para ser sancionado con una pena de prisión, como bien sabe el guardia que ingresó en la cárcel militar de Alcalá de Henares el pasado 29 de enero para cumplir cuatro meses de reclusión. Si insultar a un superior acarrea ese castigo, es fácil imaginar el ‘premio’ para un agente que dice ‘no’ cuando le ordenan llevar al otro lado de la valla a un inmigrante.
Y por si fuera poco, las órdenes de los mandos vienen refrendadas por un insistente discurso político lanzado desde todos los escalafones del Ministerio del Interior asegurando de que no hay la menor duda sobre la legalidad de esas actuaciones, animando a los agentes a hacer oídos sordos a las dudas que plantean la Comisión Europea, expertos juristas, partidos de la oposición, la Iglesia y, por supuesto, ONGs de toda clase y condición.
El máximo responsable de ese discurso, el ministro del Interior, tiene desde ayer una pregunta sobre su mesa que no admite una respuesta al estilo de las que ofrece a los diputados de la oposición en el Congreso: ¿Y ahora qué?
