La decisión de la Audiencia Nacional es la esperada. La ley obligó a paralizar el proceso de adjudicación del contrato de navegación marítimo en previsión de que se pudiera producir un perjuicio irreparable para los intereses de Motril.
Pero la lógica, el sentido común y también la ley obliga ahora a retomar el concurso donde había quedado paralizado, en la solicitud de aclaraciones a las naviera sobre sus ofertas económicas para evitar que sean consideradas como anormalmente bajas, lo que en la terminología anterior se conocía como “bajas temerarias”.
La Audiencia Nacional, como ya había señalado antes el Tribunal de Hacienda en su fallo, también argumenta que los daños económicos para el municipio granadino son “hipotéticos”. Sin embargo, el mayor peso de su razonamiento no está ahí sino en los motivos para la elección de Málaga y Almería como puntos de enlace de las rutas de Melilla con la península. Explica a los impulsores de la Plataforma de Motril algo que es evidente para cualquier residente en nuestra ciudad. La preferencia por ambas ciudades no es arbitraria sino que éstas son las más próximas a Melilla, las más importantes en población, las que cuentan con más servicios y las que ofrecen mayores posibilidades de enlaces con otros medios de transporte.
Y, por otro lado, frente al hipotético daño para Motril por la subvención de las líneas con Málaga y Almería, la Audiencia Nacional señala el perjuicio real que supondría para 500.000 usuarios anuales de estos servicios el hecho de dejar de subvencionarlos.
Es tan evidente el razonamiento de ambos tribunales y tan previsibles sus fallos que resulta difícil explicar, más allá intencionalidad político o electoral, por qué Motril ha elegido esta vía para defender sus intereses económicos. El único camino con alguna posibilidad de éxito para los granadinos habría sido buscar la colaboración de Melilla para intentar mantener una línea que para nuestra ciudad no es prioritaria, pero que puede tener sentido como complementaria a las de Málaga y Almería una vez que estas últimas hubieran estado garantizadas con el contrato de navegación marítima.
No obstante, a pesar de las dos resoluciones en contra del Tribunal de Hacienda y de la Audiencia Nacional, no es posible asegurar que Motril esté dispuesto a dar la batalla por perdida, sobre todo cuando también están en juego intereses de tipo político y las elecciones en Andalucía están a la vuelta de la esquina. De ahí la cautela con la que hay que asumir las consecuencias de la decisión de la Audiencia Nacional ya que la Plataforma aún podría recurrir a otras instancias con el único objetivo de alargar el proceso hasta, al menos, después de sus elecciones autonómicas.
Mientras llega o no un nuevo recurso, se abre ahora el plazo para que las navieras expliquen cómo es posible que ofrezcan un servicio a un precio que supuestamente era imposible cuando era el máximo marcado en los dos concursos anteriores.
