Ayer, después sumar una interrupción más a la larga lista de incidencias e imprevistos, quedó paralizado el proceso de adjudicación del contrato de navegación marítima. Los nuevos barcos que deben llevarnos y traernos de la península vuelven a retrasarse.
Esta vez ha sido la aceptación por parte de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de la medida ‘cautelarísima’ solicitada por la Plataforma de Motril. En esencia, se trata de la misma argumentación legal que la que planteó ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. Ahora, ha presentado un recurso similar ante la Audiencia Nacional y este órgano ha adoptado la misma medida que su antecesor para analizar un planteamiento parecido y, muy probablemente, para adoptar dentro de unos días una resolución idéntica. Es decir, que el juez argumentará que las entidades que conforman la Plataforma de Motril no pueden alegar ningún perjuicio porque carecen de legitimidad para hacerlo. El ‘éxito’ de esos entes encabezados por el ayuntamiento granadino no debe ir más allá de los tres o cuatro días de paralización del proceso.
Mención a parte merecen las propuestas económicas de las compañías navieras. Según adelantó ayer el portavoz del Gobierno local, Daniel Conesa, una de estas ofertas no supera los 7,6 millones de euros, lo que supone está por debajo del 50% del precio de licitación de los dos concursos que quedaron desiertos, supuestamente por motivos económicos. Esa cifra parece una tomadura de pelo, si es como explicó ayer Conesa y no hay una argumentación sólida por parte de la naviera autora de la oferta. Esa compañía, además de ofrecer las oportunas aclaraciones ante el Ministerio de Fomento con el fin de que su propuesta no sea considerada una baja temeraria, también debería molestarse en darnos a los melillenses las explicaciones necesarias. ¿Cómo es posible que ahora presente una oferta muy inferior para adjudicarse un servicio por cuyo contrato no compitió, al parecer, porque no le resultaba interesante desde un punto de vista económico?
También se queda por debajo de la cuantía de los dos concursos que quedaron desiertos la propuesta de otra de las navieras. Propone que se le adjudique el contrato por 14 millones, pero no presentó ninguna oferta en las dos ocasiones en las que el importe máximo de licitación era de 15,4 millones.
Probablemente sea imposible encontrar algún aspecto en la actuación de estas dos empresas que se salga de la legalidad. Sin embargo, ese comportamiento es muy difícil de justificar ante los melillenses, sus futuros clientes, que hemos tenido que aguardar pacientemente hasta la redacción de un tercer pliego de condiciones que complaciera a las navieras.
Cada vez parece más claro que este proceso de adjudicación del contrato marítimo está gafado, pero de lo que ya no cabe ninguna duda es de que también está afectado por algunos caraduras y aprovechados que tratan de sacar beneficio de la necesidad de unos ciudadanos para los que el transporte con la península es un servicio de primera necesidad.
