La adjudicación se aplaza hasta que la Sala de lo Contencioso resuelva la ‘medida cautelarísima’, algo que podría ocurrir la semana que viene l Marina Mercante pide a las navieras que justifiquen sus ofertas por baja temeraria.
Parece que no hay manera alguna de adjudicar el contrato de transporte marítimo entre Melilla y la península. Cuando todo parecía solucionado, cuando tan sólo quedaba abrir los sobres para conocer la oferta económica de cada naviera, todo se ha paralizado otra vez. Por enésima vez, el concurso público ha quedado suspendido.
¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Que la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite la petición de ‘medida cautelarísima’ presentada por la Plataforma en defensa de la ruta Motril-Melilla, que el jueves planteó dos recursos por la vía contencioso administrativa contra el proceso de adjudicación.
El resultado de esta decisión de la Justicia es que el concurso ha vuelto a quedar paralizado, en principio hasta la próxima semana, según explicó ayer el portavoz del Gobierno melillense, Daniel Conesa, a los medios de comunicación. Detalló que la jugada Motril ha sido pedir una medida cautelarísima para así paralizar la adjudicación de manera instantánea, pues cuando se plantea un recurso así, la Justicia entiende que se podría producir “un daño irreparable” para el denunciante si el contencioso sigue adelante. Así pues, por decisión del juez, el proceso administrativo queda paralizado “sin que sea necesario realizar comprobaciones y sin escuchar a los afectados”.
“Es una medida excepcional que se suele adoptar a petición del denunciante”, abundó Conesa. “La ventaja es que se resolverá en tres días”. En ese tiempo, el juez debe decidir si el proceso de adjudicación sigue suspendido o si se pone en marcha otra vez.
A partir de este punto, con la reclamación de Motril aceptada a trámite por la Audiencia Nacional, el juez tiene un plazo de tres días hábiles para convocar a la Administración del Estado, que es la que está licitando el contrato marítimo, conocer su postura y tomar una decisión al respecto. También cabe la posibilidad de que en el mismo periodo de tiempo, tres días, el juez convoque una vista con todas las partes implicadas. En cualquiera de los dos casos, el Gobierno local tiene plena confianza en que todo quede solventado la próxima semana. “La resolución del juez se llevaría a cabo de manera inmediata o en un periodo de tiempo muy perentorio”, explicó el portavoz del Gobierno local.
“En muy pocos días todo estará arreglado”, insistió Conesa, quien criticó con dureza el daño que está produciendo la Plataforma de Motril a los intereses de los melillenses con sus continuos recursos contra el concurso marítimo. “Cada día que pasa, nos perjudican más”, apuntilló. “Están en su derecho de proteger sus intereses, pero jamás a costa de los habitantes de esta ciudad”, añadió.
Rebajas desproporcionadas
La decisión de la Audiencia Nacional no impidió que ayer se abrieran los sobres con las ofertas económicas de las navieras. Curiosamente, y sin que nadie lo esperara, aquí se ha registrado otro contratiempo que demorará la adjudicación del servicio: Las tres empresas (Acciona Trasmediterránea, Balearia y Armas) han rebajado tanto el precio inicial de licitación que Marina Mercante ha pedido a las tres la correspondiente justificación económica, al considerar que se han presentado unas “ofertas desproporcionadas”, lo que anteriormente se conocía como baja temeraria.
El precio inicial del contrato es de unos 25 millones de euros por dos años de servicio, una cifra sobre la que una de las navieras ha efectuado una rebaja del 70%, con una oferta de 7,6 millones de euros por los dos años. Las otras ofertas son por 17 millones y 14 millones de euros, descensos económicos muy considerables y que obligan a Marina Mercante a pedir la correspondiente justificación a todas las empresas.
El portavoz del Gobierno local no quiso desvelar qué naviera ha presentado cada una de estas ofertas. Por otro lado, auguró que la que ha planteado la más baja, 7,6 millones de euros, no ganará el concurso público. “No entiendo cómo han podido calcular ese descenso. No es normal”, subrayó Conesa.
Como en el primer concurso
Para más inri, el portavoz recalcó que esta oferta, la de los 7,6 millones, es un 50% más baja que la de los dos concursos que quedaron desiertos el año pasado, supuestamente por motivos económicos. Ambos contaban con una dotación presupuestaria de 15,4 millones de euros para los dos años de servicio, frente a los 25 millones del concurso actual.
Asimismo, Conesa remarcó que el precio de licitación se calculó en función de los servicios exigidos, la calidad y la velocidad de los barcos y una estimación del número de pasajeros y de los ingresos por venta de billetes. “Marina Mercante sabe cuánto cuesta explotar los buques que se pedían. No me parece normal que se hayan producido estas rebajas. Ya se han pedido las justificaciones pertinentes. Cuando se levante la medida cautelarísima, se tomará una decisión al respecto. Es posible que la oferta más baja no sea la adjudicataria del servicio. No obstante, para averiguarlo tendremos que esperar”, concluyó el portavoz del Ejecutivo melillense.
