Melilla ha vuelto a sufrir la embestida de la inmigración irregular.
En la madrugada del viernes quince subsaharianos trataron de entrar en la ciudad a la carrera en un coche por el puesto fronterizo de Beni Enzar en lo que se conoce como un vehículo ‘kamikaze’. Cinco de ellos, lo lograron. El resto fue interceptado por los agentes marroquíes en la llamada ‘tierra de nadie’ donde los inmigrantes empotraron el automóvil contra el portón de la frontera española.
Hacía dos años que los inmigrantes no utilizaban este método de entrada. Ahora, las autoridades están investigando este suceso, si bien la Delegación del Gobierno no precisó ayer si los cinco subsaharianos interceptados por la Policía serán expulsados a Marruecos o si, por el contrario, permanecerán acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
En todo caso, hay que mirar siempre por el cumplimiento de la Ley. Si se determina por un juez que estos inmigrantes que ya están en territorio español han cometido algún tipo de delito en el modo de entrar en la ciudad, habrá que aplicar la ley como a todo ciudadano español.
No sería comprensible que a cualquier melillense que se le ocurriera cruzar un puesto fronterizo a toda velocidad, causando daños, se le impusiera una multa e incluso se le procesara penalmente y un inmigrante haciendo lo mismo, quedara impune.
Ser inmigrante no supone tener un manto de inmunidad en lo alto, como no lo tienen el resto de ciudadanos. Se debe aplicar la ley.
Igualmente, si se considera que estos inmigrantes que lograron entrar a lo ‘kamikaze’ no son responsables de ningún ilícito, se les debe aplicar la ley. En este caso, la de Extranjería si corresponde su expulsión del territorio nacional.
La ONU ayer “recomendó” a España que cesara en la práctica de las ‘expulsiones en caliente’ y exigió que las autoridades garanticen el acceso al derecho de asilo.
Nuevamente, con la ley en la mano, esos inmigrantes podrían ser susceptibles de ser solicitantes de protección internacional y deberían poder hacerlo.
Sin embargo, la legislación debería tener en cuenta a la hora de evaluar una petición de asilo, las circunstancias en las que ese inmigrante ha llegado a territorio español. No sería comprensible que se premiara a un inmigrante con la protección internacional, que muy posiblemente le corresponda, y no se le castigara si en su entrada en territorio español y europeo ha causado daños y ha puesto en peligro la vida de los demás, como es el caso de los coches ‘kamikaze’.
