“Habría que aprovechar esta suspensión cautelar instada por el Ayuntamiento de Motril para que el Estado desista de seguir con el procedimiento de adjudicación del contrato marítimo, recupere los pliegos y vuelva a salir a contratación”. Así valoró ayer el portavoz de PPL, Julio Liarte, la suspensión cautelar de la adjudicación del contrato marítimo de Melilla por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Liarte resaltó que el Gobierno central puede aprovechar ahora para revisar el precio de los camarotes y butacas, sobre todo, teniendo en cuenta la “generosa” subvención que recibirá la naviera que gane el contrato.
También resaltó el portavoz de PPL que la alcaldesa de Motril, que es del PP como el Gobierno central, apueste por defender los intereses de su ciudad para que la línea marítima entre Melilla y Motril sea considerada de “interés público”, pues crea numerosos puestos de trabajo. Esta postura se contrapone con la de Imbroda, asegura Liarte, que dice que el presidente de la Ciudad ha destacado que “no era legal” contemplar a esa ciudad en el concurso.
