Volvemos nuevamente a encontrarnos de bruces con una de las polémicas claves en la vida política de nuestra ciudad el año pasado: la concesión de permisos, tras un acuerdo entre PP y Caballas, para que pudieran contratar los servicios de luz y agua las familias que habitaban en viviendas ilegales.
Una polémica que enfrentó agriamente a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno y donde, a pesar que desde el Ejecutivo de Vivas se llegó a admitir la primera alegación que hizo la Administración General del Estado, lo cierto es que al final la Delegación terminó acudiendo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y junto a esa decisión que se tomó desde la Plaza de los Reyes, por su lado la Asociación de Promotores y Administradores de Fincas igualmente acudió ante el máximo órgano jurisdiccional andaluz. Ha pasado un año y nos encontramos con que se ha fallado a favor de las pretensiones tanto de la Delegación del Gobierno como de la Asociación de Promotores y Administradores de Fincas, considerándose fuera de lugar que por parte de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta se pudiera tomar un acuerdo de esas características que, según el alto tribunal, contraviene de manera clara la legislación vigente. Ahora, nuevamente, nos vamos a encontrar con la polémica servida y será el Gobierno del presidente Vivas el que deberá, con el informe que realicen sus letrados, decidir si se recurre ante un órgano superior o se aplica la sentencia en los términos expresados.
Son varios los frentes que se tendrían que analizar. Si se decide la ejecución de la sentencia y se dice no al recurso ante instancias superiores, la primera pregunta que nos encontraríamos sería conocer qué pasaría con las viviendas que a lo largo de este año y medio de vigencia de la ordenanza reformada han podido contratar los servicios de luz y de agua. Un segundo frente es la reiteración de la polémica entre dos administraciones que están gobernadas por la misma formación política como es el Partido Popular. Y el tercer frente, destinado especialmente a Caballas, es recordarles los graves insultos que le dirigieron en su momento a la Asociación de Promotores y Administradores de Fincas por oponerse a este acuerdo, y a la propia Delegación del Gobierno. Ahora resulta que la idea que defendían ambos ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Qué tiene que decir Caballas al respecto?, ¿acusará también a los jueces?, ¿les tildará de irresponsables, fascistas o retrógrados como hizo, por ejemplo, con el delegado del Gobierno?
Una patata caliente la que se encuentra el Gobierno del presidente Vivas encima de la mesa, pues aunque el acuerdo se cerró con Caballas, nada más que le corresponde al Ejecutivo autonómico la potestad de seguir adelante con el recurso o aplicar la sentencia, con los problemas añadidos que conllevaría.
