El Gámez Morón vuelve a ser noticia. Falta un poco más de dos semanas para que se cumplan seis meses desde aquella reunión del 24 de junio.
Ese día se sentaron a hablar el comité de empresa, los sindicatos, la gerente del centro y representantes de la Consejería de Bienestar Social. El tema era el mismo que hoy sigue preocupando a los empleados de este centro de atención a discapacitados mentales: Las agresiones a la plantilla por parte de un residente especialmente conflictivo.
Desde entonces se han venido repitiendo los ataques, que no siempre han tenido a los empleados como víctimas. En alguna ocasión también han sufrido agresiones otros residentes o usuarios. Afortunadamente, no ha habido que lamentar ningún daño irreparable, aunque la actitud de ese paciente violento sí ha provocado lesiones de consideración, tanto de carácter físico como psíquico.
La situación, lejos de mejorar, va adquiriendo más gravedad con el paso de los días debido a que los trabajadores se ven desamparados. No encuentran respuesta en la Administración ni en la empresa adjudicataria del servicio.
La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, ha decidido que su departamento no tiene ninguna responsabilidad en este asunto y ha optado por quedarse al margen. Sin duda es la postura más cómoda y al mismo tiempo quizá sea la que le corresponda dando que la gestión del centro atañe a una empresa privada que cobrar por realizar esa labor. No obstante, en ningún caso parece que lo más recomendable sea despedir con un portazo a unos trabajadores que recurren a la consejera para encontrar el cauce que permita reconducir una situación enquistada desde hace meses. A María Antonia Garbín le piden que siente a hablar a las partes, que actúe de moderadora y que ayude a alcanzar una solución. De otra manera, el problema está abocado a terminar en los tribunales, con lo que ello supone de espera para un asunto que no admite ya más demoras. Finalmente, un juez de lo Social tendrá que tomar cartas en el asunto si los trabajadores no ven otra salida que recurrir a la Justicia para evitar que algún día ocurra una desgracia con ese residente agresivo y el caso termine en un Juzgado de lo Penal.
El 18 de noviembre, tras semanas de espera, los trabajadores presentaron un escrito con sus quejas en la Consejería. En vista de que no había respuesta, remitieron ese documento a los medios de comunicación. Sorprende que el día 26 la consejera Garbín asegurara que no tenía constancia de ese escrito. Han pasado los días y la única aportación de la máxima responsable del área de Bienestar Social ha sido instar a la empresa a resolver el problema con los empleados.
El deseo de todos es que el remedio llegue antes de que se produzca un suceso irreparable en el Gámez Morón. Si así ocurre, María Antonia Garbín no podrá decir que contribuyó con sus gestiones a encontrar una solución.
