Aún no ha sido inaugurado de forma oficial, pero no dejan de lloverle las críticas. La última, una más, llega hoy de la Unión Federal de Policías (UFP). Sus responsables en Melilla están dispuestos a denunciar ante la Justicia al responsable del proyecto y a su asesor.
No entienden (y la verdad es que no es fácil de entender) que uno de los problemas que debería haber quedado solucionado tras la obra no sólo siga ahí sino que además se haya acrecentado. Los policías denuncian las altas concentraciones de dióxido de carbono provenientes de los tubos de escape de los vehículos, especialmente de muchos que cruzan desde Marruecos en unas lamentables condiciones mecánicas. El humo, en lugar de disiparse, queda atrapado por la cubierta superior y el aire se hace irrespirable para los agentes, cuya salud también corre un serio riesgo.
Un obra de más un millón de euros debería de haber acabado con este problema, sobre todo si se tiene en cuenta que la solución es simple: Colocar extractores. Los responsables del sindicato han contactado con una empresa que suministra estos aparatos, similares a los instalados en los túneles, y la inversión económica no es “nada cara”, afirman.
Esta queja se suma a otras sobre la distribución del tráfico de vehículos y peatones y sobre la ubicación del puesto de control de documentación, además de las manifestadas por los agentes de la Benemérita a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
No están solos los miembros de ambos Cuerpos de Seguridad, también aportan sus propias críticas los miembros de la Asociación de Comerciantes de Melilla (Acsemel), que entre otras cosas protestan precisamente por la actuación de los guardias civiles y policías nacionales sobre sus potenciales clientes. Afirman que empezaran a recabar apoyos entre partidos políticos y asociaciones para organizar una gran protesta porque tanto sus quejas como sus propuestas han caído en saco roto. Aún están esperando una respuesta de la Delegación del Gobierno tras reunirse con el jefe del Gabinete después de la cita fallida de hace un mes.
Y por si fuera poco, la oficina de asilo tampoco parece estar cumpliendo con las expectativas. De hecho, no está muy claro si esta oficina está funcionando ya o es un proyecto que aún tiene que poner en marcha el Ministerio del Interior. Mientras se dirime esta cuestión, las dependencias que actualmente existen en Beni Enzar para tramitar las peticiones de asilo de los inmigrantes sólo pueden ser utilizadas por los sirios, previo pago del correspondiente soborno en el lado marroquí o del ‘alquiler’ fraudulento de un pasaporte. No se ha visto, ni se espera, ningún inmigrante subsahariano llegado directamente desde Marruecos. Para ellos, el único camino para presentar su solicitud de asilo sigue siendo saltar la valla.
Conclusión: Son tantas las quejas que concita hoy el paso de Beni Enzar, como las que motivaron el inicio de una obra cuyo coste (más de un millón de euros) parecía por sí solo garantía suficiente de efectividad.
