La asociación recalca el perjuicio de aplicar el código penal militar a los agentes de la Benemérita.
La “remilitarización” de la Benemérita supondrá “un gran riesgo” para sus agentes, según afirmó en la jornada de ayer el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, en declaraciones realizadas a El Faro. Las voces de alarma desde esta organización por dicha cuestión no son nuevas. De un tiempo a esta parte AUGC ha advertido insistentemente del perjuicio que supone para los efectivos del Instituto Armado la aplicación de la jurisdicción militar y no la civil.
En este sentido, Delgado subrayó que actualmente hay abiertos dos procesos a agentes por discutir una orden a sus superiores. Para el portavoz de la AUGC, la situación sería fácilmente extrapolable a Melilla, máxime con la polémica existente por las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes a Marruecos. Hay que recordar que el coronel Ambrosio Martín Villaseñor está imputado por un presunto delito de prevaricación relacionado con este tipo de intervenciones en el perímetro.
“Si un agente tiene dudas sobre cómo actuar en la valla y se niega a acatar una orden por considerar que puede estar cometiendo una ilegalidad, le aplicarían la jurisdicción militar, que no cuenta con beneficios penitenciarios, como sí ocurre con la civil”, abundó Juan Antonio Delgado.
Aplicación del código penal
Es decir, que si un agente es condenado a tres meses de cárcel debería ingresar en prisión aunque no tuviera antecedentes, cosa que no ocurre en el ámbito civil. De hecho, el supuesto no es nada descabellado, pues así ocurrió en abril del pasado año, cuando el Tribunal Militar Territorial Quinto sentenció a un guardia civil destinado en Gran Canaria a cumplir en prisión tres meses y un día de pena por haberse enfrentado a un cabo durante un servicio ocurrido en 2010.
En aquel entonces, el propio Delgado destacó que la jurisdicción militar se caracteriza por su dureza frente a la civil y no contempla beneficios penitenciarios, de manera que los condenados tienen que cumplir íntegramente las penas.
Para el portavoz de la AUGC, esta aplicación es “totalmente incorrecta”, máxime cuando los efectivos de la Benemérita se dedican principalmente a labores que podrían clasificarse como policiales.
