Las cuotas se abonarán al Ingesa todos los meses para tener acceso a estos servicios.
El convenio para contratar la sanidad pública por parte de un inmigrante ya está disponible. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer este documento con el que cualquier persona que no esté asegurada tiene la garantía de utilizar los servicios de la red pública sanitaria pagando 60 euros si es menor de 65 años o 157 euros si es mayor de esa edad. Este convenio sólo está disponible para el ámbito del Ingesa, es decir, para Melilla y Ceuta, las dos únicas autonomías que dependen del Ministerio de Sanidad, según el Boletín Oficial del Estado, donde se publicó el pasado martes.
Las personas que no estén aseguradas ni sean beneficiarias del Sistema Nacional de Salud pueden firmar este contrato con el Ingesa para tener acceso a toda la cartera de servicios de la sanidad pública ya que estos ciudadanos sólo tenían derecho a ser atendidos por una urgencia médica, a excepción de las embarazadas y los menores de edad que tienen garantizada a la asistencia médica.
En el documento se indica que el contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre, pero que se prorrogará hasta un año a menos que la persona que lo solicita pida su cese. Las cuotas se abonarán mensualmente dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente mediante un ingreso en una cuenta bancaria en el que se debe aclarar el nombre del suscriptor y en el texto debe poner ‘convenio especial’. También se podrá domiciliar el pago siempre que el titular de la cuenta sea el solicitante del convenio.
La falta de abono de esta mensualidad al Ingesa de la primera o de las cuotas correspondientes a dos mensualidades consecutivas o tres alternativas determinará la extinción del ‘convenio especial’, indica el BOE. Además, destaca que no será posible el fraccionamiento de las cuotas.
Una persona menor de 65 años pagará 720 euros al año, una mayor de esa edad, 1.884 euros, teniendo en cuenta estos datos, las ONGs aseguran que no servirá de nada este convenio porque pocas personas sin Seguridad Social se pueden permitir esta inversión. Afirman que se puede convertir en un problema de salud pública.
