Por su parte, la Abogacía Española afirma que la Ley de Extranjería “es muy clara” y añade: “No se puede dar una patada sin más”.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, subrayó ayer que la Ley de Extranjería es “muy garantista” y no contempla las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes que está investigando el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. En este proceso, está imputado el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor. Por su parte, el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, afirmó igualmente que la ley “está muy clara” y no permite la entrega de inmigrantes a las autoridades marroquíes sin un expediente de devolución o expulsión.
Becerril declaró a la prensa que la institución que dirige tiene una posición “clara y firme” sobre este asunto, ya que la legislación española no admite devoluciones “así como así”, algo que “no existe”, insistió, en la ley.
Antes de comparecer en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados, Becerril respondió así a la prensa al ser preguntada por la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla por un presunto delito de prevaricación en relación con las denominadas ‘devoluciones en caliente’. Becerril dijo no querer entrar en valoraciones sobre el caso, ya que la postura del Defensor del Pueblo es que la institución “no entra” en profundidad en asuntos que están sometidos a un procedimiento judicial.
“No vale dar una patada sin más”
Por su parte, el portavoz de Extranjería en el Consejo General de la Abogacía Española explicó que “cuando un extranjero pone un pie en España, se le puede devolver a Marruecos, pero haciendo un expediente administrativo de devolución. Eso es lo que dice la ley y es lo que sentenció el Tribunal Supremo en 2007, cuando estableció que no hacía falta un expediente de expulsión para alguien que acababa de llegar, pero sí un expediente de devolución, es decir, que no se puede dar una patada sin más”, argumentó Solans.
Para la Abogacía Española no hay dudas de cuándo un inmigrante ha entrado en territorio español y cuándo no. Según Solans, esto “hasta un niño lo puede distinguir”. Por ello, dijo no entender las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en las que afirmaba que la ley no era muy explícita en este aspecto. “La ley está muy clara. Otra cosa es que no la quieran entender, pero las leyes no están para decir lo que nosotros queramos”, agregó.
Los sucesos en Ceuta, la clave
El portavoz de la Subcomisión de Extranjería en el Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, también respondió ayer al delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco González, quien consideró que un juez no debe determinar dónde está la frontera. “No puede ser que una autoridad pública no sepa dónde empieza y donde acaba España. Si no te lo dice un juez, que lo hace sobre planos, informes, lindes históricas y tratados internacionales, a ver quién te lo va a decir”, ironizó Solans.
El letrado experto en Extranjería recordó que las polémicas suscitadas en torno a las fronteras de Melilla y Ceuta tienen su origen precisamente en los sucesos registrados el pasado febrero en la valla ceutí en la que fallecieron una quincena de inmigrantes. Solans afirma que entonces, el Gobierno “se enrocó en esa versión tan forzada del concepto operativo de fronteras que les ha abocado al desastre”, opinó y zanjó: “Lo único que ha ocurrido ahora es que un juez ha dicho lo mismo que venimos diciendo nosotros, expertos, penalistas, catedráticos, el defensor del Pueblo, todos: Es ilegal”.
