Apunta que ni el interventor ni el secretario general de la Ciudad advirtieron sobre la comisión de una irregularidad.
“Todo se hizo de manera manifiestamente legal y sin que existiera mala fe en ningún momento”. Con estas palabras respondió ayer el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, las informaciones aparecidas en el informe elaborado por la Policía Judicial sobre la supuesta contratación de abogados externos por parte de la Ciudad Autónoma, que indica que tanto él como el actual consejero de Fomento, Miguel Marín, podrían haber cometido una posible irregularidad.
El jefe del Ejecutivo local compareció ayer por la mañana ante los medios de comunicación para asegurar que en ningún momento se actuó con el convencimiento de que se estaba llevando a cabo una actuación ilegal. “Es algo de cajón, sería de tontos hacer algo así. ¿Qué ganaríamos?”, subrayó en declaraciones a la prensa. “Para nosotros, lo que se hizo fue estrictamente legal”, insistió.
Sin mala fe
Así pues, explicó que para que se dé un delito de prevaricación, como podría ocurrir en el caso en cuestión, debe haber “voluntad, conocimiento y mala fe”. Por ello, consideró que las acusaciones vertidas contra él y su equipo de Gobierno son “unas sandeces impresionantes”.
Además, recordó que el Tribunal Supremo ha dejado clara dicha cuestión en numerosas ocasiones, como sucedió con el ‘caso de la Mesa de Contratación’, en el que había imputados miembros del Ejecutivo, de la oposición y funcionarios de la Ciudad, y que finalmente fue archivado sin mayores consecuencias para los afectados.
“Olvídense de un caso de prevaricación. Será un error, un fallo o un petardo, pero nunca prevaricación”, aseveró el máximo dirigente del Gobierno local.
Dos advertencias
En la misma línea, remarcó que antes de que un cargo público pueda caer en un delito así, se emite un informe de advertencia, generalmente por escrito, por parte del interventor de la Ciudad. “Es imposible que yo, como presidente, firme una transferencia bancaria para pagar algo. Si hiciera algo contra la ley, el interventor me lo diría”, añadió. De igual modo, apuntó que las posibles irregularidades a resultas de acuerdos aprobado en Consejo de Gobierno son fiscalizadas por el secretario general, es decir, el fedatario con el que cuenta la Ciudad para estas cuestiones.
“Que quede claro. Hay dos cargos que deben advertir sobre estos temas, el interventor y el secretario general. En los catorce años que llevo como presidente, nunca me han llamado la atención por una posible irregularidad”, abundó Imbroda.
En este punto, hizo un paréntesis e indicó que no comprendía por qué el actual interventor de la Ciudad está imputado, habida cuenta de que lleva un año en el cargo y el caso que está en el Juzgado data del 2011. “No sé si hay manía persecutoria o se lo quieren cargar para que no esté en el puesto, no lo entiendo”, apuntilló.
Además, el jefe del Ejecutivo remató que tanto él como su equipo de Gobierno se estaban enterando de las informaciones de este asunto a través de las Redes Sociales. “Les puedes servir de ‘homenaje’ a éstos que se dedican a insultar y vilipendiar contra nosotros y nuestras familias”, subrayó el presidente autonómico.
