Apunta que éste tardó catorce, ocho y siete meses en remitir a la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Ciudad en el caso de la contratación de letrados l Afirma que quiere esclarecer lo ocurrido.
Desamparado, ciego y con las manos atadas. Así se siente el presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, por el caso de la supuesta contratación irregular de un letrado, que instruye el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Melilla. El jefe del Ejecutivo señaló ayer, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación en la sede del PP, que las diligencias se abrieron en el 2011 a partir de una denuncia. En todo ese tiempo, la Ciudad ha enviado a la Justicia todos los documentos que ésta le ha requerido, según afirmó el propio Imbroda. “Se ha mandado todo lo que han pedido, sobre todo por parte del área de Administraciones Públicas”, abundó. Sin embargo, cuando la Ciudad intentó personarse para comprobar en qué estado se encontraba este asunto, el Juzgado se negó a ello.
“Lo pedimos así porque nos sentíamos ciegos y con las manos atadas. En ningún momento hemos podido saber qué estaba ocurriendo. Eso se llama indefensión absoluta, con exclamaciones muy grandes”, apuntilló la máxima autoridad local. “Cuando nuestros abogados han intentado entrar a ver qué estaba escrito ahí les han dicho: Ustedes no pueden, porque no han denunciado y no forman parte del caso”, aseveró Imbroda. Así pues, lamentó que su equipo de Gobierno haya tenido que enterarse de lo que ocurría a través del “portavoz del Juzgado Número 2”, Julio Liarte, dirigente de Populares en Libertad (PPL), que el pasado jueves ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que Imbroda estaba “pre imputado” por esta cuestión. “Gracias a él ya nos enteramos de algo”, subrayó con ironía el presidente autonómico. “Son cosas que filtran los mismos de siempre”, dijo.
Recursos que no llegan
Al hilo de sus declaraciones, explicó que en estos tres años su Gobierno recurrió a la Audiencia Provincial de Melilla hasta en tres ocasiones, en concreto el 24 de junio del 2013, el 3 de enero de este año y el pasado 21 de febrero. Todos los escritos fueron presentados en el Juzgado, quien estaba en la obligación de transmitirlos a la Audiencia en el menor tiempo posible. Sin embargo, no fueron remitidos hasta el lunes de la semana pasada, 18 de agosto.
“Nuestros recursos han estado catorce, ocho y siete meses metidos en un cajón”, criticó el presidente autonómico. “Los han mandado después, creo, de redactar esos autos que andan circulando por las Redes Sociales”. Además, recalcó que la ley obliga a que estos recursos sean enviados de manera inmediata, pues en caso contrario “se cae en una indefensión aún más absoluta”.
En su opinión, los recursos deberían haber estado sobre la mesa de la Audiencia Provincial en el plazo máximo de quince días. “Éste es el trato que hemos recibido”, se quejó.
Sin obstrucción alguna
Por otro lado, defendió a capa y espada que su Ejecutivo no ha obstruido en ningún momento la investigación de la Justicia. “Nos pidieron los contratos firmados con abogados desde enero de 2002 a 2011. No enviamos uno porque fue contratado en 2001, así que no le pasamos sus datos hasta que el Juzgado nos lo pidió de otra manera”, explicó.
Por tanto, garantizó que se han remitido todos los documentos requeridos sin que haya ocultación u omisión de ningún tipo.
